La Justicia rechazó a Manuel Courel como querellante y crece la polémica por la causa contra la intendenta Raquel Graneros

Resumen para apurados

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, sumó un nuevo episodio. El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), uno de los denunciantes, confirmó que la Justicia rechazó su pedido para intervenir como querellante en la causa y anunció en LA GACETA que apelará la resolución al considerar que el expediente avanza con lentitud.

"Nos rechazaron el rol de querellantes. Habíamos pedido ser parte de la causa porque vemos que no avanza. Pasó más de un mes desde la denuncia y prácticamente se hizo muy poco", cuestionó el parlamentario.

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La denuncia fue presentada luego de que trascendiera la presunta compra de una vivienda en un country de Yerba Buena, operación que, según los denunciantes, superaría el millón de dólares. La investigación busca determinar si existió un posible enriquecimiento ilícito por parte de la jefa municipal.

Según Courel, la única medida relevante adoptada hasta el momento fue un pedido de informes al country donde se encuentra el inmueble para conocer la titularidad de las expensas. "Hubo una respuesta medio ambigua y después la causa quedó ahí", afirmó.

El legislador sostuvo que su equipo presentó una serie de medidas para profundizar la investigación, entre ellas pedidos de informes al Registro Inmobiliario, Catastro y distintos organismos públicos, además de documentación relacionada con servicios vinculados a la propiedad y publicaciones inmobiliarias en las que se habría ofrecido la vivienda.

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Además, aseguró haber incorporado nueva información al expediente. Entre otros puntos, afirmó que la intendenta habría adquirido el año pasado una camioneta Ford Ranger 0 kilómetro de alta gama, valuada -según indicó- en alrededor de $80 millones. También dijo haber recibido datos sobre otros bienes que, de acuerdo con su versión, estarían registrados a nombre de terceros y pidió que esa información sea investigada.

"Nos está llegando mucha información y queremos poder aportarla formalmente a la causa. Como funcionario público, cuando recibo datos de estas características tengo la obligación de denunciarlos", sostuvo.

Courel confirmó que apelará la decisión que le impide actuar como querellante. A su entender, la resolución carece de fundamentos suficientes y limita la posibilidad de impulsar medidas de prueba. "Los fundamentos son muy vagos. Vamos a apelar porque queremos ser parte de la investigación y colaborar con toda la información que recibimos", manifestó.

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El legislador también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en las causas por corrupción en Tucumán. "Hay un sistema diseñado para que estos casos no avancen. Nosotros queremos romper con esa lógica y llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Respecto del estado del expediente, señaló que mantuvo una conversación con el fiscal Diego Evia, quien -según relató- le informó que aún restaban resolver cuestiones procesales vinculadas con la competencia de la causa antes de avanzar con nuevas medidas investigativas.

Durante la entrevista, Courel también hizo referencia a una denuncia presentada por la intendenta contra un grupo de vecinas de Graneros que, según relató, intentó entregarle un petitorio tras reclamar por inundaciones en la localidad.

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De acuerdo con el legislador, esas mujeres fueron citadas a declarar pocos días después de la denuncia. "No tenían ni para pagar el boleto a Concepción y, sin embargo, esa causa avanzó rápidamente. En cambio, hace más de un mes que denunciamos un presunto caso de corrupción y todavía no vemos avances significativos", expresó.