El misterioso vuelo del Cessna 210: cayeron dos pilotos bolivianos por un presunto contrabando aéreo en Salta
El operativo, que incluyó tareas de inteligencia de Gendarmería y la intervención de la Justicia Federal, culminó con la detención de dos hombres sobre la Ruta 34. Uno de ellos ya tenía una condena a 20 años de prisión en Paraguay por narcotráfico.
Resumen para apurados
El pasado 9 de julio, alrededor de las 16:40 horas, la tranquilidad del Aeródromo "General Enrique Mosconi" (también conocido como Aeródromo Vespucio), ubicado en el norte salteño, se vio alterada por una maniobra aérea que encendió todas las alarmas. Una avioneta Cessna 210, de matrícula argentina (LV-KDE), aterrizó en la pista en medio de un mar de inconsistencias. Mientras el plan de vuelo oficial de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) indicaba que el origen era Santiago del Estero, la investigación posterior determinó que la aeronave provendría, en realidad, de la ciudad de Paraná.
Poco después del aterrizaje, la tripulación descendió. Lejos de reportar una anomalía formal, el piloto, identificado como C.M.P. (46 años), y su acompañante, D.M.A. (40 años), ambos de nacionalidad boliviana, le aseguraron al personal de seguridad que solo revisarían el tren de aterrizaje. Afirmaron que no tenían intenciones de despegar. Sin embargo, minutos después abordaron la aeronave y realizaron un "vuelo de prueba" no autorizado de 35 minutos. Tras volver a tocar tierra, informaron que dejarían el aparato allí hasta el día siguiente, cuando regresarían con combustible. Acto seguido, abandonaron el predio a bordo de un remís.
La sospecha de una maniobra vinculada a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737) movilizó de urgencia a la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Aguaray" de la Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal.
Los agentes de campo rastrearon el recorrido de los sospechosos y descubrieron que se alojaban desde el 30 de junio en la habitación 103 del Hotel General Mosconi. Al día siguiente del aterrizaje, cuando los hombres abandonaban el hotel y volvían a subirse a un remís, la Gendarmería activó un cerrojo: fueron interceptados y detenidos en un control sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34.
En poder de los imputados se secuestraron elementos clave para la causa: las llaves de la avioneta Cessna 210; tres bidones plásticos de 30 litros cada uno (vacíos); mochilas con vestimenta y documentación personal; y tres teléfonos celulares.
De forma simultánea, los peritos de Criminalística de Gendarmería requisaron la aeronave —valuada en unos 150.000 dólares— y el cuarto del hotel, donde se halló el envoltorio de una tarjeta SIM. Si bien las inspecciones exhaustivas en la baulera y el habitáculo de la avioneta no arrojaron rastros de estupefacientes, los investigadores detectaron en los celulares videos de vuelos recientes y conversaciones de interés donde se les ofrecían otras aeronaves. Además, se constató que ambos civiles habían ingresado a la Argentina por un paso fronterizo no autorizado.
El lunes siguiente a las detenciones, el Juzgado Federal de Garantías de Orán, liderado por el juez Jorge Gustavo Montoya, convalidó las actuaciones del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Orsetti formalizó la investigación penal e imputó a C.M.P. y D.M.A. como coautores de dos delitos graves contemplados en el Código Aduanero: funciones aeronáuticas sin habilitación (artículo 221) y tentativa de contrabando de importación calificado por el uso de un medio de transporte aéreo apartado de las rutas autorizadas (artículo 865).
Las penas en juego: mientras que el primer delito prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión, la tentativa de contrabando agravado podría costarles una condena de entre 4 y 10 años de cárcel.
Durante la audiencia judicial, un dato biográfico terminó de sellar la suerte de los acusados. Salió a la luz que el piloto, C.M.P., cuenta con un severo antecedente penal: en el año 2010 fue condenado en Paraguay a 20 años de prisión tras ser capturado con un cargamento de 440 kilogramos de cocaína. Tras cumplir cinco años de reclusión en el país vecino, había sido autorizado a regresar a Bolivia para terminar de purgar su pena.
Ante la evidente gravedad del hecho, el peligro de fuga y la total falta de arraigo en el país, el juez Montoya rechazó el pedido de la defensa —que buscaba atenuar los cargos y reducir los tiempos de detención— y dictó la prisión preventiva por el término de 80 días para ambos imputados, tiempo durante el cual se realizará el peritaje tecnológico (triage) definitivo sobre los teléfonos secuestrados para determinar el alcance real de la organización.