Cómo es el proyecto que busca regular las agencias de cobro extrajudicial ante la problemática de deudas imposibles de pagar

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El partido Fuerza Por Buenos Aires, liderado por Leandro Santoro, presentó un proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial ante la creciente morosidad en la Argentina, una de las principales problemáticas de la actualidad.

A raíz de no contar con los ingresos suficientes para poder llegar a fin de mes, cada vez más personas toman deudas con distintas entidades crediticias que después se vuelven imposibles de pagar debido al monto y a las condiciones exigidas por los acreedores.

El director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti, dialogó con la Agencia Noticias Argentinaspara dar a conocer los detalles de la iniciativa.

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A continuación, los principales pasajes de la entrevista

Noticias Argentinas: -¿Cómo surgió el proyecto, que presentaron con Leandro Santoro, para regular las agencias de cobranzas?

Rodrigo Cilenti: --Nosotros desde el despacho de Santoro habíamos presentado y se aprobó un proyecto de desendeudamiento familiar y a raíz de esa iniciativa a Leandro sobre todo y también por conversaciones que estuvimos teniendo con personas que se acercaban a preguntarnos cómo se iba a implementar esto, empezamos a detectar que había gente que tenía ya un nivel de endeudamiento en el que la posibilidad de refinanciar, por el plazo que llevaban sin pagarlo, se había hecho más complicado: la mayoría nos manifestaba que había cobradores que los llamaban, que los hostigaban.

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Ahí nos dimos cuenta que había un problema que no habíamos podido detectar hasta ese momento y nos sumergimos a investigar qué era lo que había en la Ciudad, si había aunque sea un marco jurídico que lo antecediera. Al interiorizarnos, vimos que ya existía la ley 6.171 del 2019 que regula el accionar de agencias de cobranza extrajudicial.

-¿Qué opina sobre la normativa del 2019?

--Es una normativa que sienta un precedente para poder regular, de alguna forma, las maneras en las que se lleva a cabo la gestión de las cobranzas extrajudiciales. Sin embargo del 2019 hasta el año actual, ocurrió la pandemia de Covid, el crecimiento exponencial de otras formas de comunicación u otras formas de financiarse como las billeteras virtuales. Todo eso hizo que ese marco jurídico quedara en desuso o atrasado.

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Si bien la ley es correcta, cuando hay una persona que sufrió hostigamiento o ya se cometió algún hecho ilegal en el intento de gestión de cobro, ahí la ley daba algunas herramientas muy laxas para poder tener un cierto control sobre las agencias de cobranza.

Lo primero que pasó fue que en marzo/abril otro compañero de nuestro bloque, el legislador Francisco Caporiccio, presentó un primer proyecto donde apuntaba a modificar la ley original y creaba un programa de acompañamiento/asesoramiento jurídico para víctimas y usuarios del sistema financiero.

Eso para nosotros fue un paso adelante, pero empezamos a ver que, sobre todo en Estados Unidos y México, se llevan a cabo una serie de acciones interesantes ante este tipo de prácticas, como la creación de un registro para las empresas que se dedican a hacer cobranzas y a su vez, el otorgamiento de una licencia que los habilita a hacer este tipo de cosas y que en caso, de cometerse alguna actividad prohibida pueda evaluarse la posibilidad de revocar esa licencia o suspender a esa empresa.

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Luego un tercer actor que son los departamentos internos de bancos, entidades como Fravega o Mercado Pago que realizan de forma personal la gestión de cobros y un cuarto actor, y más novedoso, que es el uso de inteligencia artificial con bots para mandar mensajes y generar hostigamiento a través de la mensajería instantánea.

-¿Qué otros problemas pudieron identificar?

--Por un lado, están las agencias que por lo general son estudios jurídicos. No obstante, vimos que también había abogados que de forma independiente hacían ejecuciones de deudas, por lo que acá aparecía un segundo actor que la ley (de 2019) no contemplaba.

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Luego un tercer actor que son los departamentos internos de bancos, entidades como Fravega o Mercado Pago que realizan de forma personal la gestión de cobros y un cuarto actor, y más novedoso, que es el uso de inteligencia artificial con boots para mandar mensajes y generar hostigamiento a través de la mensajería instantánea.

Bajo esos cuatro actores que hoy son los que llevan adelante la gestión de cobranzas y que la ley original no los contemplaba, los regulamos y les exigimos una serie de cosas: creación de un registro, creación de licencias, la trazabilidad de cuáles son los medios de comunicación que van a utilizar para contactar a los deudores. Para esto último, le pedimos al acreedor de la deuda original, ya sea un banco o una empresa como Fravega o Mercado Pago, que cuando va a derivar la gestión de cobro lo haga declarando quién lo va a hacer.

Todo esto es por si al usuario eventualmente lo llega a llamar una agencia de cobro. Nosotros no prohibimos la cobranza de deuda, lo que buscamos es otorgar un marco para resguardar la dignidad de las personas.

Por eso, proponemos crear un registro donde los acreedores tengan que declarar a quién le ceden la gestión y el medio por el que van a contactar a los usuarios, de forma tal que los usuarios puedan consultar. Así funciona en EEUU y en México.

-¿Consultaron algún profesional u organismo en particular para la elaboración del proyecto?

--Sí, hablamos con el Colegio Público de Abogados, con la dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad y con la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de Nación. En todos los casos encontramos una buena recepción, sobre todo del Gobierno de la Ciudad a través del área de aplicación, que es la dirección de Defensa al Consumidor porque ellos también veían un problema desde su lado de la gestión de control.

Entonces la creación del registro, la identificación de los medios por los cuales los iban a contactar, les permite contar con un universo un poco más controlado y fortalecer así la lógica del control.

Es por eso que reformamos la ley, incorporando además de la creación de registros y de licencias, la obligación de que el Gobierno de la Ciudad coordine con el Colegio de Abogados de la Capital Federal para sancionar si eventualmente hubiese un abogado que en el ejercicio de su profesión comete alguno de los excesos o prohibiciones que nosotros describimos.

Sabemos que en principio eso no va a solucionar el problema más importante que es la desesperación de la gente por no llegar a fin de mes y como consecuencia, el endeudamiento que estamos viendo. Pero sí creo que creamos un marco de dignidad en el que eventualmente si esta ley saliera aprobada, el usuario estaría más cuidado y además el Estado también tendría más herramientas para controlar esta actividad.

-Usted menciona que se encontraron con diversas acciones ilegales. ¿Con qué se encontraron concretamente?

No obstante, en la práctica eso no se respeta, debido a que, se contacta a las personas los días sábado y domingo en cualquier momento, como por ejemplo, en horas de la madrugada. Y no solamente a quien debe sino a toda su familia o a parte de su entorno.

La ley actual contempla que eso está prohibido, indica que si vos vas a contactar a alguien para cobrar una deuda deber ser a la persona deudora y no a su familia ni a nadie de su entorno. Sin embargo, se trata de una de las prácticas más comunes.

Otra de las cosas más comunes que vimos es el tema de los horarios en los que contactan a las personas deudoras. La normativa actual determina días y horarios en los que se puede efectuar el contacto.

No obstante, en la práctica eso no se respeta, debido a que, se contacta a las personas los días sábado y domingo en en cualquier momento, como por ejemplo, en horas de la madrugada. Y no solamente a quien debe sino a toda su familia o a parte de su entorno.

Otra cuestión es la falta de transparencia de las agencias en cuanto a informar a la persona sobre el monto que debe. En la audiencia pública que se realizó hubo gente que contó que sacó un préstamo de $100.000, que no pudieron pagar y cuando esa deuda cayó en manos del agente de cobranza que quería ejecutar la deuda, exigió tres o cuatro veces más del capital original que había pedido más los intereses además de los gastos y honorarios.

Ante esto, pedimos que por lo menos se presente documentación que acredite cuál es el incremento que se está cobrando de una deuda que aumenta desde cuatro o cinco hasta 10 veces, algo que la ley actual exige y que nosotros en el proyecto colocamos de forma taxativa.

Otra de las cosas con las que nos encontramos en muchos casos tiene que ver con que las refinanciaciones que ofrecen estas agencias superan ampliamente la capacidad de pago de los deudores.

Muchas de las personas que hablaron en la audiencia lo primero que decían era que tenían intenciones de pagar, pero que las ofertas o el acuerdo al que llegaban con las agencias eran siempre imposibles de cumplir.

-Mencionaste el uso de bots para mandar mensajes instantáneos de hostigamiento. ¿Se encontraron con otras situaciones que se dan a raíz del mundo virtual, de la inteligencia artificial?

--En la materia en la que estamos regulando que tiene que ver con el cobro de deudas, que sería un paso posterior al de la adquisición de la deuda, ya que, el proyecto regula cuando el cobro de una deuda se vuelve incobrable, lo que nosotros vemos como algo diferente, particular de la nueva tecnología es empresas que utilizan inteligencia artificial para mediante bots generar hostigamiento enviando mensajes al deudor y también a su familia.

En la audiencia, el primer testimonio fue el de una chica que contó la historia de su hermana, una joven de 23 años, que se había endeudado y no le pudo contar a su entorno sobre la deuda que tenía y que no podía pagar y todo detonó cuando una de estas agencias (de cobro extrajudicial) le mandó un audio a la madre en el que le contó sobre la deuda de su hija, la madre le reenvió ese audio a su hija y a la hora, la chica se suicidó.

Ante esos casos, nuestro objetivo es interceder y legislar para que esto no pase.

-Mencionaste el uso de boots para mandar mensajes instantáneos de hostigamiento. ¿Se encontraron con otras situaciones que se dan a raíz del mundo virtual, de la inteligencia artificial?

--En la materia en la que estamos regulando que tiene que ver con el cobro de deudas, que sería un paso posterior al de la adquisición de la deuda, ya que, el proyecto regula cuando el cobro de una deuda se vuelve incobrable, lo que nosotros vemos como algo diferente, particular de la nueva tecnología es empresas que utilizan inteligencia artificial para mediante boots generar hostigamiento enviando mensajes al deudor y también a su familia.

Otro punto es que en los términos y condiciones de los préstamos que ofrece Mercado Pago una de las cláusulas es declarar que van a utilizar los contactos que la persona tiene guardados en su agenda de Mercado Pago en el caso de que el deudor/a no pueda pagar la deuda.

Ellos lo dicen abiertamente y utilizan la información que obtienen de tu celular para tratar en este caso de contactar a la mayor cantidad de personas posibles con las que el deudor tiene algún vínculo.

Creo que los Estados tienen que prestarle atención al uso de lo algorítmico porque sino pareciera que el algoritmo es un ente neutral sin intereses cuando lo que hacen en el caso de los esquemas de mercado es maximizar las ganancias. Por lo tanto, hay que ponerle un límite a eso y excede lo que abarca este proyecto. Están por ejemplo, las tasas algorítmicas que usa Mercado Pago utilizando información financiera, pero también información como la geolocalización de la persona, la cantidad de batería, el scroll.

Cuando una persona se crea una cuenta en Tarjeta Naranja, en Mercado Pago o en Personal Pay, usan la información, dicho por ellos mismos, de todo lo que toman de tu celular para ofrecerte bienes o servicios. Sin duda, eso es un peligro para los usuarios porque las aplicaciones están velando por la maximización de sus utilidades, están tras una ganancia. Es por eso que el Estado tiene que poner un límite ahí.

-¿Encontraron una buena recepción por parte de los demás bloques cuando presentaron el proyecto en la Legislatura de la Ciudad?

--La verdad que sí. Por un lado, con las áreas de aplicación que son Defensa al Consumidor, hubo muy buena recepción. Por otro lado, el proyecto fue acompañado por el radicalismo y a la audiencia pública vino no solo Silvia Lospennato, que es la presidenta de la bancada del PRO, sino también la izquierda y el sector de Horacio Rodríguez Larreta. El único bloque que no vino fue el de La Libertad Avanza, el resto todos manifestaron su interés.

Al mismo tiempo estuvieron Matías López y Sergio Siciliano que son parte de la comisión de Defensa al Consumidor y ellos tienen la voluntad de trabajar el proyecto.

Obviamente hay que ver cuáles son los límites bajo los que ellos están dispuestos a regular esta actividad, pero en principio nos manifestaron la intención de sentarse a discutirlo y construir una norma que pueda darle una solución a la gente. Nosotros estamos confiados que eso va a pasar

-¿En qué instancia se encuentra la ley? ¿Cuáles son los próximos pasos?

--Ayer (por el jueves pasado) presentamos el proyecto, que está con el número de expediente 2788. Estamos charlando con otros bloques para que la semana que viene haya una instancia de comisión, de defensa al consumidor y si ahí hay acuerdo con el resto de las comisiones, quizás hacemos una comisión conjunta, eso lo estamos charlando con el resto de los bloques y sino sacaremos un dictamen de la nuestra con vistas a que la próxima semana podamos tratar el proyecto con los acuerdos conseguidos con el resto de los bloques para que la iniciativa se convierta en ley.

Hay que definir la letra, pero hay intención de todos los bloques con excepción de La Libertad Avanza que nos lo manifestó oralmente, pero en la práctica no vino a la audiencia. Así que yo creo que hay intención para que esto salga.

Lo que va a pasar inmediatamente es que lo vamos a tratar en la comisión de Consumidores.

Agencia NA