Pelli quiere ser intendente, pero un detalle podría complicar su candidatura en Yerba Buena
El diputado libertario anunció que buscará gobernar el municipio en 2027, pero su domicilio declarado figura en una comuna rural. La oposición podría impugnar una eventual postulación.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, lanzó su candidatura para competir por la intendencia de Yerba Buena en las elecciones provinciales de 2027. Sin embargo, un aspecto legal podría convertirse en un obstáculo para sus aspiraciones.
Según publicó El Federalista, el domicilio declarado por el legislador corresponde al barrio privado Alto Verde 2, un sector que pertenece a la Comuna Rural de Cevil Redondo y no al municipio de Yerba Buena. Esa situación implicaría que Pelli no figura como elector del distrito que pretende gobernar.
La Ley Orgánica de Municipalidades de Tucumán establece que quien aspire a ser intendente debe ser elector del municipio y acreditar al menos dos años de residencia inmediata en ese distrito. De confirmarse que su inscripción electoral corresponde a otra jurisdicción, una eventual candidatura podría ser impugnada ante la Junta Electoral.
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Pese a esa situación, Pelli aseguró que desarrolla su vida cotidiana en Yerba Buena y defendió su postulación.
"Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente. Independientemente del domicilio, tengo residencia en Yerba Buena y vivo hace muchísimos años en el municipio", afirmó.
Desde el espacio libertario sostienen que Yerba Buena será uno de los principales objetivos electorales en 2027. La candidatura de Pelli ya recibió el respaldo del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, mientras que el municipio continúa gobernado por el radical Pablo Macchiarola.
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De acuerdo con el análisis difundido, si el legislador mantiene su actual situación registral, cualquier fuerza política podría cuestionar su oficialización por no cumplir con el requisito de ser elector del municipio. Una de las alternativas sería modificar formalmente su domicilio y acreditar el tiempo de residencia exigido por la normativa, aunque ese escenario dependerá de los plazos electorales y de una eventual revisión judicial.
