Pelli podría enfrentar una causa penal por su domicilio y crecen las sospechas sobre el uso del Renaper por parte de La Libertad Avanza

La controversia por la residencia de Federico Pelli dejó de ser solamente una pelea dentro de la oposición tucumana y comenzó a abrir un interrogante de mayor gravedad: si los cambios de domicilio denunciados tuvieron como objetivo cumplir con las condiciones necesarias para competir electoralmente.

Pelli pretende disputar la intendencia de Yerba Buena, pero distintos dirigentes sostienen que su residencia efectiva se encuentra fuera del municipio. Si eventualmente se comprobara que declaró un domicilio falso para cumplir con los requisitos electorales, el caso podría derivar en una investigación penal.

Pero el episodio no termina en el diputado nacional. El segundo foco de atención está puesto sobre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y sobre el rol político que tuvo Lisandro Catalán en la estructura del Gobierno nacional.

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La hipótesis que comenzó a circular dentro de la dirigencia opositora es que el organismo nacional pudo haber sido utilizado para facilitar modificaciones de domicilio de dirigentes vinculados con La Libertad Avanza que buscan competir en Tucumán.

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, fue contundente al plantear que la situación debe ser investigada. El jefe municipal aseguró que está dispuesto a avanzar “hasta las últimas consecuencias” para determinar si existieron irregularidades y, eventualmente, responsabilidades penales o administrativas.

El planteo apunta a establecer si detrás de los movimientos registrales denunciados existió una maniobra destinada a sortear los requisitos de residencia exigidos para determinadas candidaturas.

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En ese escenario, las miradas también se posaron sobre Catalán. Dirigentes opositores sostienen que el actual referente de La Libertad Avanza tuvo influencia sobre la estructura nacional de la que depende el Renaper y que esa posición podría haberle otorgado capacidad para facilitar determinados trámites.

Hasta el momento, desde La Libertad Avanza, además, no se conoció una respuesta pública específica que permita confirmar o descartar las denuncias.

La situación fue cuestionada también por el legislador Manuel Courel, quien sostuvo que Pelli “falseó su domicilio” y consideró que, de comprobarse la maniobra con fines electorales, podría configurarse un delito.

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Courel planteó además que los movimientos registrales realizados en un período breve deberían ser analizados por la Justicia para determinar si tuvieron alguna finalidad vinculada con una eventual candidatura.

La discusión tiene un punto central en la legislación electoral. El Código Electoral Nacional contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión para quienes denuncien un domicilio falso con fines electorales, cuando la conducta esté destinada a alterar las condiciones previstas para el ejercicio de los derechos políticos.

La normativa también contempla responsabilidades vinculadas con la declaración de domicilios falsos y establece consecuencias para funcionarios que eventualmente intervinieran en trámites o documentación obtenida de manera irregular.

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Por eso, quienes cuestionan la situación consideran que una eventual investigación debería determinar no solamente qué ocurrió con el domicilio declarado por Pelli, sino también si existió algún tipo de intervención o facilitación desde organismos nacionales.

Ese punto es el que vuelve a colocar a Catalán en el centro de la discusión política. Las denuncias sostienen que el eventual uso irregular del Renaper podría exceder el caso de un candidato y convertirse en una cuestión institucional si se comprobara la participación de funcionarios o personas con influencia dentro del organismo.

Mientras la dirigencia intercambia acusaciones de cara a 2027, la incógnita central queda ahora en manos de la Justicia: determinar si detrás de los cambios de domicilio hubo simplemente movimientos administrativos o si, por el contrario, existió una maniobra con finalidad electoral.