La Corte cerró la disputa por el ex Comando y quedó firme la defensa del patrimonio histórico impulsada por el Gobierno de Tucumán

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso punto final a la disputa por el proyecto de remodelación del histórico edificio de la ex sede del Comando de la V Brigada de Infantería y dejó firme el esquema de preservación patrimonial impulsado desde el ámbito provincial.

El conflicto había enfrentado al Ministerio Público Fiscal (MPF) con el Ente Cultural de Tucumán por las obras previstas en el inmueble ubicado en avenida Sarmiento 431, donde funciona actualmente el Fuero Penal. El proyecto original impulsado por la conducción del MPF contemplaba una construcción de ocho pisos sobre uno de los patios históricos del edificio, una modificación que fue rechazada por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.

El organismo provincial había considerado que la propuesta afectaba las características arquitectónicas de un inmueble protegido por la legislación tucumana. En noviembre de 2021, el Ente Cultural rechazó formalmente el anteproyecto y pidió que se presentara una alternativa que respetara las normas de preservación.

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La decisión fue cuestionada judicialmente por el Ministerio Público Fiscal, que planteó la nulidad de la resolución y llevó la discusión hasta la Corte Suprema provincial.

Sin embargo, mientras el litigio avanzaba, el propio MPF presentó en junio de 2022 un proyecto reformulado que se adaptó a las exigencias de preservación. La nueva propuesta fue finalmente aprobada por el Ente Cultural en agosto de ese año y quedó firme.

Ese cambio terminó siendo determinante para la resolución del máximo tribunal. La Corte entendió que la controversia original había perdido actualidad porque el proyecto cuestionado había sido reemplazado por otro que ya contaba con autorización administrativa.

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Con el voto de Claudia Sbdar, al que adhirieron Antonio Estofán y Daniel Leiva, el máximo tribunal aplicó la doctrina del “caso abstracto” y desestimó el recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal.

En los hechos, la resolución consolida el escenario que había defendido la Provincia: el histórico edificio continuará bajo las reglas de protección patrimonial y cualquier intervención deberá ajustarse al proyecto reformulado aprobado por el Ente Cultural.

La disputa había comenzado precisamente por la tensión entre la necesidad de ampliar y centralizar las dependencias del Ministerio Público Fiscal y la obligación de preservar un inmueble considerado parte del patrimonio histórico de Tucumán.

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La legislación provincial establece un régimen especial de protección para el edificio, por lo que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural tiene intervención vinculante sobre las modificaciones que puedan realizarse en el lugar.

La resolución de la Corte evita así que prospere el planteo del MPF contra aquella intervención administrativa y termina consolidando el criterio de preservación que había sostenido el organismo cultural provincial.

Más allá de la cuestión judicial, el cierre del conflicto representa un respaldo institucional a la defensa del patrimonio histórico tucumano: el proyecto que generaba objeciones por su impacto sobre la arquitectura original fue reformulado y el nuevo esquema quedó autorizado y firme.

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De esta manera, la Provincia logró sostener los criterios de preservación frente al proyecto inicial y la Justicia puso fin a una disputa que llevaba varios años, sin modificar el marco de protección que rige sobre uno de los edificios históricos más importantes de San Miguel de Tucumán.