Jaldo compensará a los estatales para cubrir la inflación del trimestre
La Provincia oficializó un adicional salarial del 3,35% que se pagará por planilla complementaria. El Gobierno busca completar el 8,33% de inflación acumulada entre marzo y mayo, aunque los ingresos provinciales crecieron menos.
La gestión de Osvaldo Jaldo oficializó una compensación salarial para los empleados públicos de Tucumán, con el objetivo de completar la actualización correspondiente a la inflación acumulada entre marzo y mayo.
La medida establece un incremento adicional del 3,35% sobre el salario básico de los trabajadores estatales alcanzados por el decreto. Ese porcentaje se suma al 4,98% que ya había sido liquidado en los haberes de junio.
De esta manera, la Provincia busca llegar al 8,33%, equivalente al índice inflacionario del trimestre. El esquema modifica el criterio inicial del acuerdo salarial, que ataba la actualización al crecimiento de la recaudación provincial.
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La decisión tiene un peso fiscal significativo. Según informó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, el pago de esta compensación demandará cerca de $7.500 millones.
El adicional regirá para julio y agosto de 2026 y será calculado sobre los salarios vigentes a mayo. También se aplicará sobre sumas fijas que no se ajustan automáticamente con los cambios del básico.
El decreto establece que el monto correspondiente a julio será abonado de manera anticipada por planilla adicional durante este mismo mes, para acelerar el impacto de la recomposición en el bolsillo de los trabajadores.
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La medida alcanza a la administración central, organismos descentralizados con escalafón equiparable y comunas rurales. Además, se invita a otros poderes del Estado, municipios y organismos autárquicos a adherir al esquema.
El anuncio se produce en un escenario económico complejo, con menor actividad y recaudación más ajustada. En ese contexto, la Provincia decidió asumir un costo adicional para sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Sin presentarlo como una solución definitiva, el decreto marca una decisión política de la gestión Jaldo: priorizar la recomposición salarial en un momento donde el ingreso de los trabajadores sigue presionado por la inflación.
