Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

Resumen para apurados

La Justicia de Estados Unidos asestó un nuevo y duro golpe financiero a la República Argentina al habilitar formalmente al fondo Titan Consortium a comenzar el proceso de búsqueda y pedido de embargo sobre activos estatales en el exterior. La medida busca hacer efectiva una condena que exige a nuestro país el pago de aproximadamente 390 millones de dólares, más intereses acumulados, como compensación por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada en 2008.

La resolución fue dictada por la jueza Jia Cobb, integrante de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en un fallo con fecha del viernes 25 de septiembre. A partir de esta orden, el fondo acreedor queda facultado para solicitar medidas cautelares y congelar bienes comerciales argentinos radicados en jurisdicciones internacionales a partir del lunes 28 de septiembre.

En los fundamentos de la sentencia, la magistrada norteamericana justificó la luz verde a las ejecuciones al considerar que transcurrió un plazo más que razonable desde la orden original de pago dictada por la justicia estadounidense en diciembre de 2024. Cobb remarcó con severidad que, en los 21 meses transcurridos desde aquel fallo, la Argentina no dio muestras ni realizó esfuerzo alguno para avanzar en la cancelación o el cumplimiento de la sentencia.

El extenso periplo judicial tiene sus raíces en el reclamo impulsado en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el grupo español Marsans, por entonces controlante de la aerolínea de bandera. Tras un fallo favorable de dicho tribunal arbitral en 2017 por más de 320 millones de dólares y la ratificación del laudo en 2019, los derechos de litigio fueron cedidos primero al fondo Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, firma que acudió a la justicia de EE.UU. en 2021 para validar la ejecución.

En la instancia judicial de apelación surgieron discrepancias respecto a los plazos legales, ya que la defensa argentina argumentó la caducidad del caso al invocar una prescripción de tres años. Sin embargo, el pasado 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el planteo argentino, confirmó que el período de prescripción aplicable es de 12 años y fijó el monto ejecutable definitivo en la suma de US$ 390.907.115.

Aunque la decisión de la jueza Cobb habilita la búsqueda inmediata de bienes patrimoniales, la medida no implica un cobro automático ni el congelamiento instantáneo de activos públicos. El fondo demandante deberá rastrear propiedades que revistan un carácter estrictamente comercial para eludir las leyes de inmunidad.

Entre las eventuales metas del fondo especulativo se evaluó la posibilidad de embargar aviones de la flota de la propia aerolínea estatal. Sin embargo, la efectividad de esa vía resulta incierta, dado que la gran mayoría de las aeronaves operadas por Aerolíneas Argentinas funcionan bajo contratos de leasing o alquiler con opción de compra.

Este revés judicial agrega presión al frente financiero internacional del Gobierno en momentos en que la compañía aérea transita un proceso de renovación de su flota. Ante el acoso de sentencias firmes en el exterior, la administración central reservó en el proyecto de Presupuesto 2027 una partida estimativa de US$ 1.100 millones con el objetivo de atender compromisos derivados de fallos definitivos emitidos por el Ciadi y otros tribunales internacionales.