Propiedad Privada: qué cambia si Diputados aprueba la ley

Las aguas en el oficialismo nacional se mantienen agitadas luego de lo que fue la sanción de una deshilachada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Arrinconado por la falta de apoyo de los aliados y un eventual fracaso, el bloque libertario que encabeza Patricia Bullrich se vio obligado a quitar del dictamen los cambios impulsados al régimen de tierras rurales y, en el recinto, las modificaciones sobre la Ley del Manejo del Fuego. Si bien el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza celebraron la ajustada media sanción (37 a 33), hay cuestiones en materia de comunicación en las que tendrán que trabajar de cara al tratamiento en Diputados.

El debate en la Cámara baja no tiene una fecha estimada por ahora. Ayer fue comunicada la sanción del Senado, y se estima que tendrá al menos un par de semanas de trabajo en comisiones antes de llegar al recinto. Ahora el desafío del oficialismo será aceitar los vínculos con los gobernadores dialoguistas y los aliados ya que los votos que daban por seguros parecen haberse dispersado.

Entre esas voluntades que le dieron la espalda completamente a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se encuentran las senadoras tucumanas Sandra Mendoza (Convicción Federal) y Beatriz Ávila (Independencia). Desde diferentes bloques, ambas vienen trabajando de manera articulada con la Casa de Gobierno en la toma de decisiones. Pero esta vez la famaillense expresó su rechazo de modo muy anticipado, algo que Ávila también dejó saber pocas horas antes del debate.

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"La Nación tiene que entender que los gobernadores van a acompañar en la medida que se pueda acompañar, no es todo; hay un límite", expuso Mendoza en diálogo con LA GACETA. A su vez, remarcó que desde famosos hasta la gente común se expresó en contra de la iniciativa, principalmente contra la extranjerización de las tierras. "Ganó la calle, la gente; no un partido o los senadores. Ganó el pueblo que se expresó", declaró. Y agregó: "cualquier hijo de vecino sabía que era antipatria, vender la soberanía, lo poco que tenemos".

Ávila, por su parte, opinó que la iniciativa libertaria incluía "caballos de Troya". "Dentro de lo que parecía ser algo bueno, como es la defensa de la propiedad privada, había siete capítulos, de los cuales han quedado muy pocos. Principalmente el corazón de esta ley, que era la extranjerización de las tierras, lo tuvieron que sacar; lo que tenía que ver con el manejo de los fuegos lo sacaron; lo que tenía que ver con los barrios populares también lo sacamos. Ha salido una ley muy light", dijo a LA GACETA PLAY.

La iniciativa sancionada sufrió numerosas modificaciones y dista mucho de la que envió originalmente el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. Entre lo que sancionó y se giró a Diputados están los cambios a la Ley 21.499, para ponerle más límites al Estado. Se restringe el concepto de "utilidad pública" y se exige justificar la necesidad y proporcionalidad de cada expropiación. Se amplían las indemnizaciones para incluir el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación. El valor del bien se fija antes de la intervención estatal y se actualiza por inflación más intereses. El Estado deberá pagar la indemnización completa antes de tomar posesión del inmueble.

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Con los cambios sancionados también se busca acelerar los desalojos mediante el trámite sumarísimo, el proceso más breve. Se elimina la caución real para la desocupación inmediata y se reemplaza por una declaración jurada. El plazo de intimación por falta de pago de alquileres habitacionales pasó de 3 a 10 días. También se impulsa la digitalización y reducción de plazos en los trámites registrales.