Preventiva para acusados del caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína

Resumen para apurados

La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los seis detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína. Todos fueron procesados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, se ordenó un embargo de $5.000 millones sobre los bienes de los imputados.

El caso salió a la luz hace un mes, cuando personal de Gendarmería Nacional, durante un control de rutina, detuvo una Toyota Hilux que transportaba 470 kilos de cocaína valuados en unos U$S2,3 millones. En la resolución mediante la cual dispuso los procesamientos, el juez federal José Manuel Díaz Vélez detalló los motivos por los cuales consideró acreditada la participación de cada uno de los acusados.

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- Marcos Nacif: conductor de la camioneta que transportaba la droga. El magistrado no consideró creíble su versión de que desconocía el contenido de la carga. Cuestionó que, siendo remisero con amplia experiencia, no hubiera advertido las características inusuales del traslado. Sus defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), sostienen que declarará cuando concluyan el análisis del expediente.

- Rodrigo "Icha" Chávez: fue procesado por ser el propietario registral de la camioneta utilizada para el transporte. Declaró que había entregado la Hilux a Pablo Abraham Pérez como parte de pago por otro vehículo, unos 15 días antes del procedimiento. Sin embargo, el hallazgo de dos licencias de conducir y su DNI en el interior de la camioneta debilitó esa versión. Su abogado, Benito Allende, sostiene que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.

- Pablo Abraham Pérez: aparece en la investigación como el presunto líder de la maniobra. Los investigadores sostienen que fue quien contrató a Nacif y quien quedó registrado por cámaras de seguridad dejando la camioneta en una playa de estacionamiento antes del secuestro. Es el único de los imputados que optó por no declarar. Su defensor, Ernesto García Biagosch, evitó realizar comentarios sobre la causa.

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- Matías Díaz: quedó involucrado por haber participado de una reunión con Abraham Pérez antes del procedimiento. Según declaró, concurrió al encuentro para cerrar la compra de un acoplado.

- Enrique Santos Catulo: también estuvo presente en esa reunión. Sostuvo que había asistido para reclamar el pago de una deuda. El imputado registra una condena previa por lavado de activos en una causa vinculada al clan Ale.

- Ernesto Catulo Chamás: hijo del anterior, brindó una explicación similar. En ambos casos, el juez consideró que existen indicios suficientes para sospechar que estaban al tanto de la maniobra investigada.

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El dictado de los procesamientos con prisión preventiva abre una nueva etapa de la investigación. Con la situación procesal de los imputados definida, los investigadores concentrarán sus esfuerzos para esclarecer aspectos que todavía permanecen sin respuesta.

La resolución de Díaz Vélez es clara en un punto: los seis acusados fueron procesados por el transporte de la droga.

Por esa razón, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ya ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados para determinar quién era el proveedor de la cocaína, cómo ingresó al circuito de distribución y cuál era su destino final. Otro objetivo central será identificar al propietario de la carga.

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Además, según fuentes judiciales, se profundizará el análisis patrimonial de los imputados. En ese aspecto, Abraham Pérez aparece como uno de los principales focos de atención. Desde el inicio de la causa, vecinos de Famaillá señalaron que en poco tiempo pasó a controlar un local gastronómico, un boliche y una empresa de transporte.

Durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación, los gendarmes descubrieron además que del galpón donde guardaba camiones había sido extraído el disco rígido que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad.