Pidieron elevar a juicio la causa contra la dueña del depósito clandestino que se incendió y colapsó en La Plata

El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la calle 48 entre Diagonal 77 y 3, en La Plata.

De esta manera, la presidenta de la empresa, Roxana Aloise, sería juzgada por los delitos de “estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real”.

En el pedido, la acusación sostuvo que existirían pruebas suficientes para que Aloise enfrente un juicio oral, luego de que mantuviera en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro.

Producto de esto, decenas de vecinos quedaron expuestos a situaciones de alto riesgo y provocó daños materiales de magnitud.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el fuego se originó en un predio de una antigua estación de servicio utilizado como cochera y depósito de electrodomésticos que presuntamente no contaban con habilitación ni medidas de seguridad.

En paralelo, el informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina concluyó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la planta baja del edificio.

Tras propagarse por varios pisos, culminó con el derrumbe parcial de la estructura.

Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron descartar la intervención de terceros en el inicio del fuego.

El avance de las llamas fue rápido y afectó la estructura del edificio, lo que provocó el colapso de los pisos superiores y puso en peligro la vida de los vecinos linderos.

Entre ellos se encontraba Martina Píccoli, quien logró escapar de su vivienda gracias a la alerta de un vecino.

Según el testimonio que brindó ante la Justicia, salió de la casa solo con su celular, llaves y pijama.

Minutos después, observó cómo parte del edificio incendiado se derrumbó sobre su propiedad y destruyó sectores como la cocina y un estudio de trabajo.

Por este motivo, consideró que podría haber muerto atrapada entre las rejas de seguridad y el humo, si no le advertían del siniestro.

En el expediente destacaron que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por la Municipalidad de La Plata el 25 de junio de 2025, cuando los inspectores constataron que el lugar funcionaba como depósito de electrodomésticos sin tener habilitación y un sistema de prevención contra posibles incendios.

Según la información obtenida por El Día, tras la inspección, se labró un acta contravencional y se dispuso la clausura preventiva.

Esta medida sería ratificada posteriormente por el Juzgado de Faltas, que notificó a la empresa sobre la sanción.

A pesar de la clausura, la actividad comercial continuó.

De hecho, dos trabajadores del depósito declararon haber recibido instrucciones directas de Aloise para seguir operando, incluso, tras la colocación de las fajas de clausura.

En línea con esta orden, relataron que se les indicó no permitir el ingreso de inspectores municipales y evitar la firma de documentación oficial.

Además, ratificaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal y de sistemas de detección o prevención de incendios, ya que solamente contaban con una alarma contra robos.

Después de que enumerara todas las pruebas en contra de Aloise, el fiscal Padovan consideró demostrada la responsabilidad de la acusada como titular de Al Tecno S.A.

Por este motivo, se confirmó su procesamiento en la causa el 20 de marzo de este año.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, la empresaria habría ignorado deliberadamente las órdenes de clausura, manteniendo en funcionamiento un depósito sin habilitación ni medidas de seguridad, lo que encuadra en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia.

En este sentido, el requerimiento subrayó que la imputada era la máxima responsable de la firma y tenía pleno conocimiento tanto de las inspecciones como de las infracciones y órdenes de cierre.

Además, remarcó que la investigación constató que se trataba de la accionista mayoritaria de la empresa, ya que el 95% de ellas estaban bajo su poder.