Milei, instigador a cometer "periodisticidios" y a degradar la tarea periodística

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés y ex-juez federal

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés y ex-juez federal

El presidente Javier Milei ha sostenido que su objetivo es garantizar «la libertad», que define, en lo que aquí importa, como «el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión».

Sin embargo, el Presidente miente respecto de ese pretendido objetivo, ya que no respeta a quienes piensan y sienten de manera diferente a él y ha basado su accionar en un discurso de odio contra quienes discrepan, particularmente contra el periodismo.

La democracia no exige que el Presidente mantenga una relación complaciente con la prensa, pero sí que respete el derecho de los periodistas a cuestionarlo y el de los ciudadanos a recibir información plural.

No podemos aceptar que el Presidente de la Nación diga que «no se odia lo suficiente a los periodistas» e invite a odiarlos aún más, dando por cierto que se los odia.

Ningún gobernante tiene derecho a incentivar el odio hacia quienes lo cuestionan, y menos aún hacia aquellos que ejercen el derecho humano a informar.

Hay que impedir que la hostilidad contra la prensa se naturalice como una herramienta de gobierno, sin otra justificación que el odio irracional.

El presidente Javier Milei no se cansa de decir que el 95 % de los periodistas son corruptos y ha utilizado reiteradamente insultos, descalificaciones y expresiones deshumanizantes contra periodistas, tanto varones como mujeres. Entre ellas, los ha calificado de «mandriles», «ratas», «cerdos», «basura humana», «simios con micrófono», «mierda humana», «corruptos ensobrados» y «sicarios del micrófono», además de utilizar muchas otras expresiones degradantes hacia ellos como personas y profesionales de la información.

Con sus actitudes, Milei invita a atacar aquello que se odia, sin cargo de conciencia, porque lo representa como algo descartable que debe eliminarse, como una rata, la basura o la mierda. Todo ello remite a mecanismos que han justificado los genocidios a lo largo de la historia, ya que les quitan peso moral a los ataques contra las personas odiadas y habilitan a quienes creen estar haciendo justicia a agredir aquello que odian y consideran necesario eliminar.

El periodista Roberto Navarro, director de El Destape, fue agredido el 19 de abril de 2025, dos días después de que Milei invitara a odiar más a los periodistas. Según relató Navarro, un hombre lo insultó con expresiones similares a las utilizadas por el Presidente y otro lo golpeó por la espalda en la cabeza, por lo que debió ser internado.

Ahora, durante un discurso pronunciado el 23 de octubre de 2026, en la cena anual de la Fundación Faro, Milei arremetió contra un grupo de periodistas por la cobertura que realizaron de una investigación judicial vinculada con la criptomoneda $LIBRA. En esa causa, la resolución judicial que absolvió al Presidente y a su hermana no se corresponde, según el autor, con lo que debería ser una debida actuación de los tribunales en la investigación del caso.

Además, al referirse a los periodistas que cubrieron la causa, el Presidente consideró que correspondía «enviarlos a una hoguera». En su «periodisticidio», Milei identifica públicamente a los periodistas que, a su juicio, deberían quemarse: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio.

El Presidente desplaza el debate desde el terreno de las ideas hacia el de la hostilidad personal y busca generar un efecto intimidatorio. La gravedad aumenta cuando los ataques se dirigen contra periodistas identificados públicamente porque, como ya señalé, los exponen a agresiones de supuestos justicieros y a riesgos reales de diversa índole, incluso para sus entornos familiares.

Ante esta situación, no alcanza con el silencio ni con meras declaraciones circunstanciales. No cabe aceptar la falta de firmeza frente al accionar gubernamental ni justificar cierta inacción en esta materia, particularmente por parte de algunos medios de comunicación importantes que no quieren correr el riesgo de perder las pautas publicitarias gubernamentales, como las de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, o la distribución privilegiada de la publicidad oficial.

También en mayo de 2025, el Presidente denunció penalmente por calumnias e injurias a Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. En julio, sumó denuncias por injurias contra Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.

En su denuncia, el Presidente sostuvo que los periodistas «no son especiales» y que deben ser sancionados penalmente por los delitos mencionados. Milei pretendió ignorar lo dispuesto por la Ley 26.551, de 2009, que excluyó la responsabilidad penal por calumnias e injurias cuando se informa sobre asuntos de interés público.

El Gobierno busca producir un efecto inhibitorio sobre la prensa, lo que implica una restricción indirecta al ejercicio de la actividad periodística, en violación de lo dispuesto por el artículo 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene jerarquía constitucional.

Asimismo, el periodista Jorge Fontevecchia denunció al Presidente por incitación al odio, conducta reprimida por la Ley 23.592.

El periodismo no debe estar por encima de la sociedad, pero tampoco por debajo del poder. Debe poder controlar a los gobernantes sin que esa tarea se convierta en motivo de persecución o descalificación.

A lo señalado hay que agregar que el Gobierno, mediante la Ley 27.802, derogó, con efectos a partir de 2027, el Estatuto del Periodista Profesional, a través de la denominada Ley de Modernización Laboral.

De esta manera, también se agravó la desprotección laboral de los hombres y las mujeres de prensa, que sufren una gran precariedad, con salarios que, en muchos casos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (Fatpren) busca que los legisladores analicen la sanción de un nuevo estatuto para los y las periodistas profesionales, porque la protección de sus condiciones de trabajo es esencial para garantizar el acceso a información adecuada en democracia y un reconocimiento digno de la tarea.

Asimismo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas». En él se establecen sanciones penales por la «desinformación» o la «manipulación de la opinión pública», conceptos ambiguos que dejan un margen de discrecionalidad y pueden utilizarse para criminalizar la crítica al Gobierno, la labor periodística y el disenso político, lo que resulta gravemente inconstitucional.

La responsabilidad presidencial comprende tanto los actos de gobierno como la manera en que se ejerce la autoridad en el espacio público.

En definitiva, todo lo expuesto podría dar lugar a la imputación al Presidente de los delitos previstos en el Código Penal: «amenazas» (artículos 149 bis y 149 ter), «instigación pública a cometer delitos» (artículo 209), «incitación pública a la violencia colectiva» (artículo 212) y «abuso de autoridad» (artículo 248), entre otros.

La CIDH, en virtud del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga al Estado a garantizar los derechos. Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, la intimidación y las amenazas contra comunicadores deben ser investigados y sancionados (principio 9).

Es urgente activar el juicio político al Presidente como una necesidad institucional imperiosa.

Libertad de expresión

Milei

periodistas