Malvinas: el oficialismo incorporó las modificaciones pedidas por EE UU y los aliados
Consiguió sacar el dictamen. Se morigeran las sanciones a las empresas y se modifica el artículo sobre campañas extranjeras.
Por: Verónica Benaim
El gobierno de Javier Milei cedió nuevamente al pedido de modificaciones en varios artículos del proyecto de Ley Sobre Defensa de la Soberanía nacional en las Islas Malvinas que formularon diputados aliados. En el marco de un plenario de comisiones se firmaron seis despachos, pero el oficialismo logró el dictamen de mayoría con 60 firmas. La iniciativa quedó lista para ir al recinto el 18 de noviembre.
El dictamen oficialista contó con el acompañamiento del PRO, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y cuatro integrantes de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Pablo Farías y José Núñez.
También presentó uno propio Lourdes Arrieta (MID), al igual que Esteban Paulón (Encuentro Federal) en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Unión por la Patria firmó su despacho propio. En tanto, el Frente de Izquierda puso la rúbrica de Myriam Bregman en un dictamen propio. El sexto despacho en minoría fue el que firmaron los misioneros de Innovación Federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
Desde Unión por la Patria apuntaron contra el asesor de la Casa Rosada Santiago Caputo, impulsor de la iniciativa a través de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. «Podríamos estar acompañando el dictamen por unanimidad, pero un capricho de un pendejo para que le vaya a vender a un amiguito de los Estados Unidos le genera un problema al Congreso», dijo Germán Martínez.
«¿Podemos tratar el tema Malvinas condicionados por un mitómano para venderle humo a Marco Rubio? Empezó la campaña y el principio de revelación le impone a actores de la Argentina transitar el camino de las diferencias», agregó Martínez.
Entre los cambios al proyecto oficial, se le dio lugar al pedido del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, sobre la incorporación de autoridades legislativas al Consejo de Seguridad, pero con funciones restringidas.
De esta manera, el órgano para intervenir ante posibles ataques externos sumará como miembros no permanentes a Menem y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. También a los gobernadores, al jefe de Gobierno porteño y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que podrá actuar si existen acciones de seguridad interior. Victoria Villarruel no tendría un lugar propio en el Consejo y solo participará si reemplaza al presidente.
Por otro lado, se creará una comisión bicameral de seguimiento de ocho miembros, que deberá informar en las primeras horas en caso de acciones como el hundimiento de buques o vuelos. Durante el encuentro, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza) señaló: «Hemos arribado a un texto que nos permite ser más precisos». En ese sentido, informó sobre la reducción de las penas a las empresas que participan en actividades en las Islas Malvinas tras la reacción de las compañías de Estados Unidos.
«Mantuvimos el régimen de sanciones a quienes explotan nuestros recursos sin autorización, pero, salvando a quienes desconocieran el destino ilícito. Hemos exceptuado a participaciones minoritarias accionarias. Se modifican las figuras penales y se destinan los fondos recaudados al fortalecimiento de las capacidades de la defensa que permite dotar al Estado de las herramientas necesarias para llevar adelante la protección de los recursos naturales y el territorio», precisó Arabia.
En cuanto a otras crítica, Arabia señaló: «Hemos logrado identificarlas con los reguladores y operadores privados. Las obligaciones de las empresas se limitan al cumplimiento de sus planos de seguridad; las sanciones por amenaza a la seguridad nacional se especifican y se eliminan algunas que quedaron discrecionales; se mantienen las medidas urgentes para amenazas directas con duración limitada y sujetas a controles; se establece el marco de las fuerzas de seguridad, gendarmería».
Finalmente, el gobierno también eliminó el delito de desinformación. Al respecto, Arabia remarcó: «Escuchando a la sociedad civil, ese artículo ha sido eliminado y se reemplaza por uno destinado a campañas extranjeras de engaño e ilicitud». «Excluye expresamente el periodismo, la investigación, la actividad diplomática y la opinión extranjera legítima. Bajo ningún punto de vista el Estado debe decir qué opinión es verdadera o falsa. Se incorporan resguardos específicos para las competencias provinciales y el dominio de los recursos para las provincias», finalizó.
