Las inconsistencias de la acusación contra Cristina y Máximo en el nuevo juicio

Por: Ariel Stemphelet
@stempheletariel

Por: Ariel Stemphelet

En la antesala de un nuevo año electoral y en paralelo al desgaste en la imagen de Javier Milei, el Poder Judicial puso en marcha el tercer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la unificación de las causas Hotesur-Los Sauces, en las que está bajo la lupa un supuesto esquema ilegal de retorno de fondos públicos a la familia Kirchner vía empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Las objeciones procesales y sobre la acusación encienden señales de alerta ante el riesgo de que el proceso sea una remake de la cuestionada causa Vialidad.

La teoría de la acusación en el marco del juicio que arrancó el viernes ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) es que la familia Kirchner habría utilizado sus empresas Los Sauces y Hotesur para canalizar aparentes retornos millonarios de fondos públicos por medio de contratos de esas firmas con empresas como Valle Mitre, de Báez, o Alcalis de la Patagonia, de López. Eso concluyeron el fiscal Gerardo Pollicita y su entonces adjunto Ignacio Mahíques, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista.

La acusación es por asociación ilícita, lavado de activos y dádivas.

Sin embargo, hay un dato que no es menor: la expresidenta y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fueron sobreseídos a fines de 2021 por el mismo TOF, aunque con una conformación distinta. En aquel entonces, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grüngberg sostuvieron que no hubo comisión de delito en los hechos investigados y que por eso no correspondía avanzar al juicio.

Para esa definición tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, que hubo pericias que determinaron que Los Sauces siempre recibió  pagos bancarizados y efectuados mediante cheques o transferencias. Lo mismo con Hotesur. Pero como la Fiscalía apeló, el caso llegó a Casación, que revocó los sobreseimientos. La decisión la tomaron Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Otro elemento llamativo tiene que ver con los delitos señalados por los fiscales. Mientras que por un lado se vende a Hotesur-Los Sauces como el corolario de un proceso investigado en causas como Vialidad, la acusación incluyó la figura de asociación ilícita contra la exmandataria, un tipo penal que ya fue descartado en el juicio de la obra pública por el cual la Cristina cumple pena de prisión domiciliaria.

Además, para la defensa la figura de lavado tampoco tiene razón de ser. La consideran un "absurdo jurídico" porque los pagos en torno a los contratos de alquiler de propiedades y del hotel fueron bancarizados y jamás hubo alguno en efectivo, con lo cual todo estuvo bajo el control de organismos como Afip y el Banco Central. No obstante, para la acusación eso no es garantía de que no se haya cometido un delito.

El viernes, la expresidenta se conectó desde su casa de San José 1111 al juicio. También lo hizo su hijo y los otros 22 imputados. Los abogados defensores estuvieron presentes de forma presencial.

En representación de la expresidenta y su hijo actúan Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes en reiteradas oportunidades han formulado críticas contra la hipótesis acusatoria.

Entre otras cosas rechazan el supuesto de que las firmas Los Sauces y Hotesur hayan sido montadas con fines ilegales. El argumento es que las dos sociedades siempre estuvieron debidamente registradas ante organismos nacionales, provinciales y municipales, con sus correspondientes libros societarios y estados contables en regla, al igual que la presentación de las declaraciones juradas impositivas.

La defensa también cuestiona que se vuelvan a poner bajo sospecha operaciones que, según sostiene, ya fueron examinadas por la Justicia. En ese sentido, señalan que la licitud de los fondos con los que el matrimonio presidencial compró inmuebles y la legalidad de buena parte de las operatorias investigadas quedaron establecidas en tres expedientes por presunto enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que concluyeron con sobreseimientos por parte del juez Julián Ercolini y los ex magistrados Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide.

El planteo tiene un antecedente en Vialidad. Allí, la defensa señaló que la mayoría de las obras públicas investigadas ya habían sido objeto de actuaciones judiciales en Santa Cruz, algunas de las cuales terminaron archivadas o con sobreseimientos.

El caso Los Sauces está enfocado en los cobros percibidos por la familia en concepto de alquileres por parte de los dueños del Grupo Indalo e Idea S.A. Alquileres que, según la acusación, no fueron otra cosa que simulaciones cuyos montos pagados estuvieron por fuera de los valores de mercado. La defensa, en ese punto, sostiene que las viviendas en cuestión eran efectivamente utilizadas por sus inquilinos y que incluso una pericia determinó que los precios estaban ajustados a los valores de mercado.

Otro punto de la acusación son los contratos de alquiler entre las sociedades de la familia Kirchner y empresarios contratistas de obra pública. La defensa sostiene que esas operaciones no constituyen un delito y que ninguno de los Kirchner intervino en las licitaciones. En Vialidad, los jueces habían atribuido a Cristina Kirchner responsabilidad en un esquema más amplio de direccionamiento de obras, sin considerar necesaria su intervención directa en cada procedimiento.

El juicio seguirá el lunes a las 10 horas. La intención del TOF conformado por los jueces José Michillini y Fernando Machado Pelloni, junto con la jueza Adriana Palliotti, es que haya tres audiencias por semana, incluidos los sábados. Una vez que termine la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, será el turno de las indagatorias.  «

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