La reconexión del gas: dudas en el edificio donde ocurrió la explosión

Muchas dudas y pocas certezas. A cinco días de la explosión en el edificio de Monteagudo 120, todavía no se sabe cuándo podrán regresar los vecinos a sus departamentos y si podrán contar nuevamente con todos los servicios que tenían hasta antes de la tragedia que le costó la vida al médico Jonathan Stisman, de 43 años.

El siniestro generó una serie de interrogantes vinculados tanto con el origen de la explosión como con la situación legal y edilicia de la torre. Mientras avanza la investigación judicial para determinar qué ocurrió, la Municipalidad ratificó que el inmueble presenta irregularidades administrativas y constructivas que se arrastran desde hace años.

Según información proporcionada por la Dirección de Catastro municipal, el edificio nunca obtuvo el certificado Final de Obra. El principal inconveniente detectado es que la construcción cuenta con ocho pisos, cuando el Código de Planeamiento Urbano autorizaba solamente siete. Esa modificación, junto con otras alteraciones, impidió que el expediente pudiera avanzar.

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El trámite permanece frenado desde 2018, pese a las intimaciones que el municipio habría enviado en reiteradas oportunidades a la administración, explicaron. La falta del certificado Final de Obra también impide además que los dueños puedan tramitar el régimen de propiedad horizontal y obtener las escrituras individuales de sus departamentos.

Fuentes municipales confirmaron que el inmueble permanecerá deshabitado hasta que se cumpla con una serie de requisitos operativos y de seguridad. Aunque las primeras evaluaciones oficiales no detectaron daños estructurales en la edificación, todavía deben realizarse trabajos indispensables antes de autorizar el regreso de los vecinos.

Entre las tareas pendientes se encuentra el despeje de los escombros acumulados en el núcleo de circulación y en las escaleras. Además, se deberán reconstruir los tres departamentos que resultaron con daños por el siniestro. También tendrán que reparar los cielorrasos afectados en el segundo piso, donde se registraron daños como consecuencia de la onda expansiva.

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La fecha de finalización de esos trabajos todavía no fue establecida. Por ese motivo, los residentes no saben cuándo podrán volver a sus viviendas ni bajo qué condiciones lo harán. La situación también genera incertidumbre respecto del funcionamiento de los servicios esenciales, especialmente el suministro de gas.

Antes de habilitar de nuevo el servicio de gas, deberán ser evaluadas las instalaciones del edificio. De acuerdo con las fuentes consultadas, gasistas matriculados tendrán que revisar la totalidad del sistema y determinar si se encuentra en condiciones de ser reconectado. Las fuentes aclararon que, en ese sentido, serán muy estrictos porque no se puede poner en riesgo la vida de los vecinos.

La restitución del suministro no también quedará sujeta a las condiciones que establezca la empresa prestataria. En ese contexto, no se descarta que la firma pueda exigir la presentación del certificado Final de Obra, según adelantaron.

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El camino legal para regularizar la propiedad y obtener este documento dependerá ahora del impulso que le den los propios dueños ante los organismos correspondientes. Entre otras cosas, deberán solicitar una ordenanza de excepción en el Concejo Deliberante.

A pesar de que el edificio nunca consiguió el Certificado Final de Obra, contaba con conexiones de gas, electricidad y agua. Desde la Municipalidad explicaron que esa situación se debe a la antigüedad de la construcción y a que fue levantada antes de la entrada en vigencia de los requisitos actuales para ese tipo de habilitaciones (toda esta normativa comenzó a regir en 2004).

Hasta el momento, las primeras hipótesis sobre el origen de la explosión apuntan a una posible pérdida de gas en un artefacto de la cocina. Sin embargo, esa línea todavía debe ser confirmada por los peritajes y por el resto de las medidas que lleva adelante la investigación.

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A raíz de esta tragedia, según fuentes de la investigación, se conoció que el edificio tendría antecedentes de distintas irregularidades. Los registros mostrarían que las primeras anomalías se habían detectado en 2003. En marzo de ese año, las direcciones de Catastro y de Defensa Civil municipal habían advertido sobre la falta de medidas básicas de seguridad. Un relevamiento realizado en 2018 por Catastro advirtió que sobre un universo de más de 600 edificaciones en la capital al menos 31 edificios estaban habitados sin el Certificado de Final de Obra ni la habilitación pertinente, figurando entre ellos la propiedad donde ocurrió la explosión.