La productora ADM aparta a su director general, imputado por acoso a una reportera

Sevilla, 10 jun (EFE).- El grupo audiovisual ADM, empresa participada al 47 % por la Junta de Andalucía, ha acordado la suspensión temporal de su director general, Gustavo Fuentes, imputado por agresión y acoso sexual a una reportera de la productora.

El consejo de administración de la empresa ha informado en un comunicado de que toma esta decisión "hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia".

Desde ADM han mostrado su rechazo a "cualquier forma de acoso, abuso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas".

La productora ha explicado que el director general puso en su conocimiento el pasado 7 de mayo la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada "a título personal" por la empleada "en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa" para este tipo de casos.

Con la activación de los protocolos internos, el consejo acordó en un primer momento otorgar poderes solidarios a la dirección financiera de la productora para la firma de contratos.

El PSOE anunció este pasado martes que va a pedir una comparecencia en el Parlamento andaluz del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que dé explicaciones sobre este caso y sobre si lo conocía desde que se interpuso la denuncia, en enero de este año.

Por su parte, la dirección de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha convocado con carácter urgente para este jueves una reunión de su comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, para "valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna".

El protocolo para estos casos contempla mecanismos que afecten a empresas externas o proveedores de servicios de la radio y televisión pública andaluza.

Sin que haya habido "denuncia interna alguna" y dado que existen actuaciones judiciales abiertas, el protocolo contempla la "suspensión de la tramitación" en tanto continúe dicho procedimiento en el juzgado "sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder".

Todo ello "desde la máxima responsabilidad institucional" y con "compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia".