La Municipalidad endurece su plan contra los basurales y pide el secuestro de vehículos de infractores

Resumen para apurados

La Municipalidad de la capital endureció las medidas para combatir los basurales a cielo abierto y avanzar contra quienes arrojan residuos en la vía pública. La estrategia combina un mayor despliegue de controles, investigaciones impulsadas por la Fiscalía Ambiental y pedidos de secuestro de los vehículos utilizados para cometer las infracciones, con el objetivo de desalentar estas prácticas y consolidar la recuperación de los espacios públicos.

El fiscal ambiental municipal, Javier González, aseguró que la ciudad atraviesa un cambio de paradigma en materia de control. "En San Miguel de Tucumán se ha normalizado convivir con basurales y existía la creencia de que arrojar residuos en la vía pública no tenía consecuencias. Ese estado de situación cambió desde el inicio de la gestión de Rosana Chahla, porque el cuidado y la preservación del medio ambiente es una política de Estado", afirmó durante una entrevista con LG Play.

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Según explicó el funcionario, el municipio tiene registrados 450 puntos críticos de generación de microbasurales y cerca de la mitad ya fue erradicada mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Fiscalía Ambiental. "Más allá de ser un éxito de limpieza, si se puede decir, representa un éxito contra la resignación de los vecinos ante este tipo de flagelo. También significa que en San Miguel de Tucumán se ha terminado la impunidad para quienes arrojan residuos en el espacio público", sostuvo.

En ese marco, la Fiscalía Ambiental mantiene alrededor de un centenar de investigaciones en trámite. A partir de registros obtenidos por las 505 cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, inició una pesquisa para identificar a 26 personas que fueron filmadas arrojando residuos entre mayo y junio.

González indicó que todos los infractores ya fueron identificados y que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas con el pedido de aplicación de sanciones y del secuestro de los vehículos utilizados para cometer las infracciones. "Esos rodados fueron los medios con los que se cometió la falta y entendemos que deben ser secuestrados", señaló.

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El funcionario explicó que el Código de Faltas vigente contempla multas de hasta $900.000 para este tipo de conductas, aunque recordó que el Concejo Deliberante analiza un nuevo Código Ambiental que incorporará nuevas conductas como infracciones, endurecerá las sanciones y permitirá una tramitación digital de los expedientes para agilizar las resoluciones judiciales.

Como precedente, González destacó una prueba piloto en la que cinco empresas fueron sancionadas durante una audiencia que se resolvió en apenas 21 minutos. "Creemos que los distintos cambios que se están implementando van en la dirección de una justicia ambiental que llegue a tiempo", afirmó.

Respecto de la respuesta de los infractores, el fiscal señaló que, en los primeros procedimientos, las personas notificadas acudieron al Tribunal de Faltas, abonaron las multas y, en algunos casos, manifestaron su conformidad con los controles. También remarcó que las infracciones no distinguen entre particulares y empresas, por lo que el municipio reforzó la vigilancia en los puntos más críticos mediante cámaras y monitoreo permanente.

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Finalmente, González destacó el rol de los vecinos en la detección de nuevos casos. Explicó que muchas investigaciones se inician a partir de denuncias acompañadas por fotografías o videos, que pueden presentarse mediante la aplicación SMT Ciudad o de manera presencial en la Fiscalía Ambiental. "Estamos convencidos de que el ordenamiento que promovemos debe ser con el vecino", concluyó.