La Justicia indagará el martes 6 a Kanki Alonso por la protesta en Chapadmalal
El activista ambiental está imputado por presunta turbación de la posesión de un inmueble tras una protesta en Playa Redonda, una de las playas concesionadas para desarrollos turísticos.
Buenos Aires, 3 octubre (NA) – La Justicia marplatense indagará el martes 6 de octubre al activista ambiental Kanki Alonso por una protesta realizada en las instalaciones de Playa Redonda, en Chapadmalal.
El fiscal penal Luis Alberto Ferreyra citó a Alonso en el marco de una causa en la que está imputado por presunta "turbación de la posesión o tenencia de un inmueble".
Según consta en la causa, la Fiscalía consideró que "existen motivos suficientes para sospechar" que Alonso y otros activistas rompieron el candado de la tranquera de acceso al predio, colocaron pancartas y dejaron ramas y escombros para impedir el ingreso de trabajadores y maquinarias.
Antes de retirarse, los manifestantes cerraron el acceso con una nueva cadena y un candado, en el marco de las acciones de resistencia contra la entrega de la playa concesionada.
Alonso se presenta como integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur y la investigación penal procura determinar si las acciones realizadas por los manifestantes constituyeron un delito.
Playa Redonda fue adjudicada a Santiago de Compostela 1943 S.A., que comprometió una inversión de $2.521 millones para un desarrollo turístico de bajo impacto y con preservación del ambiente natural, además del pago de un canon anual de $90 millones.
La concesión forma parte del plan de desarrollo de Unidades Turísticas Fiscales (UTF) impulsado por la Municipalidad de General Pueyrredón para las playas del sur del distrito.
El conflicto también alcanza a los proyectos de Playa Santa Isabel y Playa Dorada. Las tres concesiones contemplan inversiones privadas por más de $5.000 millones y, según el material aportado, la creación de aproximadamente 700 puestos de trabajo directos.
Un empresario del sector turístico afirmó a Letra P que las protestas ambientalistas frenan inversiones en la zona sur de Mar del Plata, mientras que los grupos que cuestionan las concesiones resisten el avance de esos desarrollos en Chapadmalal.
Los contratos de las playas concesionadas establecen, entre otras obligaciones, el pago de un canon anual, el libre acceso público a la costa, la reserva de espacios libres de instalaciones y el mantenimiento de infraestructura abierta a la comunidad.
Agencia NA
