La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
El fallo de primera instancia incorporó al expediente la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la indemnización en marzo.
Resumen para apurados
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska puso fin a la instancia de primera instancia del litigio por la expropiación de YPF: formalizó la anulación de la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina al incorporar al expediente original el fallo de la Cámara de Apelaciones que, en marzo pasado, había revocado esa indemnización.
El documento firmado por la magistrada, conocido como final judgment (sentencia final), no altera el fondo del asunto, sino que deja constancia formal de que la sanción económica dictada en 2023 ya no está vigente.
El conflicto se remonta a 2012, cuando el país estatizó el 51% de las acciones de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los accionistas minoritarios sostuvieron que el Estado debía haber lanzado una oferta pública de adquisición por sus participaciones y reclamaron una compensación.
En septiembre de 2023, Preska falló a su favor, pero la Cámara de Apelaciones revirtió ese pronunciamiento en marzo de 2026.
Los beneficiarios de la condena habían intentado postergar el cierre de la instancia judicial hasta que se definiera si la Corte Suprema de Estados Unidos aceptaba revisar el caso. Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo y avanzó con la formalización del fallo de la Cámara. Con esta medida, la condena millonaria queda anulada en el expediente de primera instancia.
A pesar de la buena noticia para las arcas públicas, la disputa no está terminada. Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones y restablecer la condena original.
El futuro del expediente depende ahora de si el máximo tribunal acepta intervenir: si rechaza el pedido, quedará firme el fallo favorable a la Argentina; si lo acepta, podría abrirse una nueva etapa de litigio.
Por el momento, la condena permanece anulada y el Estado argentino consolidó una victoria judicial, aunque todavía debe esperar la definición de la Corte Suprema para dar por cerrado el conflicto.
