Investigan un caso de suplantación de identidad

Es uno de los casos de estafas más importantes registrados en los últimos tiempos. Una mujer, utilizando la identidad de otra persona, habría generado un perjuicio económico de al menos $25,9 millones en menos de cuatro meses. El expediente, además, dejó al descubierto las fallas que existen en el sistema financiero a la hora de realizar controles.

Esta historia comenzó a escribirse a fines de enero. Una mujer denunció que había perdido una riñonera en la que tenía una tarjeta de crédito y su Documento Nacional de Identidad. Al parecer, esos elementos fueron encontrados por Romina Vanesa Sanavria, quien, en lugar de devolverlos, ideó distintas maniobras para obtener importantes sumas de dinero. Legalmente, este delito se conoce como suplantación de identidad.

Según la investigación realizada por el fiscal Diego López Ávila, la acusada desplegó tres modalidades delictivas. La primera, la más tradicional, consistía en utilizar en comercios la tarjeta de crédito que había obtenido de manera ilegítima. La segunda era solicitar nuevas tarjetas utilizando la identidad de la víctima para luego realizar compras por importantes montos.

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La sospechosa también fue señalada por cometer estafas en bancos y empresas financieras mediante el uso del DNI y de recibos de sueldo de la damnificada, documentación que habría obtenido de manera ilegal. Con esos elementos abría cuentas bancarias para acceder a créditos o gestionaba préstamos en distintas firmas. Además, según consta en el expediente, realizaba extracciones de dinero de la cuenta de la víctima a través de cajeros humanos.

En total, de acuerdo con lo informado durante la audiencia realizada ayer, habría concretado 14 maniobras fraudulentas. En febrero obtuvo más de $10 millones; en marzo, $3,9 millones; en abril, $11,6 millones; y en mayo, $300.900.

La mujer fue detenida gracias a la perspicacia de un agente de seguridad privada de una entidad bancaria. El hombre observó que intentaba realizar una extracción por ventanilla después de haber sido retirada del lugar por utilizar un documento que no le pertenecía. A partir de ese episodio se radicó una denuncia y comenzó una investigación que permitió descubrir el resto de las maniobras que habría realizado.

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"Con su conducta, Sanavria ocasionó un perjuicio económico directo a la víctima y a la firma comercial al no haber abonado cuota alguna de la obligación asumida, impactando negativamente en el perfil financiero de la denunciante y atentando de manera flagrante contra la fe pública al falsificar instrumentos privados y hacer uso de una identidad y de un documento nacional ajenos", fundamentó el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto al acusarla por dos nuevos hechos.

De este modo, la imputación quedó encuadrada en los delitos de apropiación de cosa perdida; defraudación mediante el uso de tarjeta de compra; estafa por aparentar ser otra persona mediante la utilización de un documento público ajeno para generar confianza crediticia y obtener una disposición patrimonial fraudulenta; falsificación de instrumento privado; tenencia y uso de documento de identidad ajeno; y estafa mediante nombre supuesto. También fue acusada de falsificación de instrumento privado en dos oportunidades y de tenencia y uso de documento de identidad ajeno.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por considerar que subsisten riesgos procesales. El planteo fue aceptado por el juez Fernando Zóttoli, que dispuso la extensión de la medida por un plazo de 60 días.