Indemnizaciones por despido: qué cambia con el decreto y por qué genera controversia

Resumen para apurados

La nueva reglamentación del Gobierno nacional sobre el cálculo de las indemnizaciones por despido volvió a instalar el debate en el ámbito laboral. El decreto redefine qué conceptos integran la base salarial para calcular la indemnización por antigüedad, manteniendo el criterio de un salario por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, pero excluyendo una serie de adicionales que hasta ahora podían ser objeto de discusión judicial.

A partir de la norma, la base de cálculo estará integrada por el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. En cambio, quedarán afuera conceptos como el aguinaldo, los bonos, premios, horas extras, plus vacacional, participación en las ganancias y sumas no remunerativas.

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Para el abogado laboralista Alberto Toro, el principal efecto de la medida será una disminución de las indemnizaciones. "La primera implicancia que puede llegar a tener esto es una reducción en el monto de las indemnizaciones, porque al reducir las bases de cálculo e impedir que se agreguen distintos rubros que los trabajadores cobran por encima de su básico, la base sobre la que se calculará la indemnización será menor que la remuneración total que percibe el trabajador", explicó en diálogo con LA GACETA.

El especialista señaló que, en la práctica, desaparece la posibilidad de tomar como referencia el mejor salario del año, una alternativa que en algunos casos era admitida por la jurisprudencia cuando incluía determinados conceptos variables.

"Ahora eso no va a suceder. La norma excluye expresamente esos rubros. Incluso el llamado salario dinámico o premio al mérito, aunque sea remuneratorio y el trabajador lo cobre todos los meses, tampoco será tenido en cuenta para calcular una futura indemnización", indicó.

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A su entender, el objetivo de la reglamentación es claro. "Lo que se ha intentado hacer es reducir los montos indemnizatorios", resumió.

Uno de los argumentos del Gobierno nacional es que estas modificaciones podrían favorecer la contratación de personal al reducir la incertidumbre y los costos asociados a un eventual despido.

Sin embargo, Toro se mostró escéptico. Aclaró que se trata de una opinión personal, pero consideró que una reforma normativa, por sí sola, no alcanza para resolver el problema del empleo.

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"No creo que una norma genere trabajo. Si fuera así, sería muy sencillo solucionar el problema. El inconveniente principal que tienen muchos empleadores no son las indemnizaciones, sino el costo de contratar trabajadores, especialmente por la presión tributaria y las cargas laborales".

En ese sentido, remarcó que, aunque la Ley de Modernización Laboral incorporó algunos beneficios en materia de contribuciones patronales, todavía es prematuro evaluar si esas medidas tendrán un impacto positivo en la generación de empleo formal.

Lejos de considerar que la reglamentación reducirá la conflictividad laboral, el abogado entiende que podría producir el efecto contrario.

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"Sin lugar a dudas se van a empezar a discutir qué se considera un premio, qué es una suma no remunerativa y qué debería entenderse como parte del salario. Eso abre nuevas puertas para los reclamos judiciales", afirmó.

Según Toro, la redacción de algunos artículos deja margen para distintas interpretaciones y genera incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.

"En lugar de eliminar la llamada industria del juicio, esta norma puede generar más focos de conflicto. Un empleador puede liquidar una indemnización tal como dice el decreto y, sin embargo, un juez declarar inconstitucional esa disposición y ordenar un cálculo diferente".

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Para el especialista, esa situación afecta la seguridad jurídica porque las reglas podrían modificarse en los tribunales hasta que exista un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Toro también advirtió sobre otra consecuencia que, a su criterio, pasó inadvertida en el debate público: el nuevo sistema de actualización de los créditos laborales.

Recordó que en Tucumán la actualización anterior era baja y hacía perder poder adquisitivo a las indemnizaciones durante el trámite judicial. Sin embargo, sostuvo que el nuevo mecanismo incrementó considerablemente los montos de las sentencias.

"Hoy hay empresas que iniciaron juicios por cifras relativamente bajas y terminan pagando montos muy superiores por la actualización. Eso también genera dificultades para muchos empleadores", señaló.