Financiamiento universitario: el gobierno de Milei apeló la intimación judicial que le dio cinco días para cumplir con la ley

Resumen para apurados

La Justicia intimó al gobierno de Javier Milei a cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para hacerlo. El juez Martín Cormick advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar astreintes o multas diarias por cada jornada de demora.

La resolución fue dictada el 22 de septiembre y sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar, que se encuentra firme. La medida obliga al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y a la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, contempla negociaciones paritarias periódicas y fija un mecanismo de actualización. El artículo 6, en tanto, dispone una recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación judicial abrió ahora una nueva instancia dentro del expediente: la discusión ya no está centrada en la vigencia de la cautelar, sino en si el Gobierno cumplió efectivamente con las obligaciones que establece y en las consecuencias de un eventual incumplimiento.

Frente a la resolución de Cormick, la administración libertaria presentó un recurso de revocatoria ante el propio juez y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Por lo tanto, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

"Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento", expresaron desde el oficialismo.

Sobre esa base, el gobierno libertario pidió que se deje sin efecto la intimación y también el apercibimiento de aplicar multas.

La defensa oficial cuestionó principalmente que Cormick no haya precisado qué parte de la cautelar considera todavía incumplida. El escrito sostiene que el Ejecutivo ya había informado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y que la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar, consignó el portalTN.

En materia salarial, Nación sostiene ante la Justicia que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un acumulado del 226,8% para el período tomado como referencia.

Con ese cálculo, el oficialismo afirma que superó el 226,46% de variación del IPC que considera aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

El Gobierno también incorporó a su presentación las negociaciones realizadas durante este año. Señaló que en junio otorgó una recomposición salarial y que en septiembre volvió a convocar a paritarias, donde propuso un aumento adicional del 3%.

Los gremios universitarios rechazan el cálculo oficial y sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente.

La discusión judicial también alcanza a las becas. Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495.

Al mismo tiempo, el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre qué otros programas están comprendidos por la cautelar.

La defensa oficial sostiene que presentó ante la Justicia las transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación sobre becas que, según su interpretación, acreditan el cumplimiento de la medida.

El gobierno de Milei cuestionó además la posibilidad de que se apliquen astreintes. La defensa estatal argumenta que no corresponde imponer ese tipo de sanciones económicas contra el Estado Nacional y pidió que Cormick revoque tanto la intimación como el apercibimiento de multas.

También solicitó que, si el juez rechaza la revocatoria y concede la apelación subsidiaria, lo haga con efecto suspensivo. La intención oficial es que la intimación no continúe ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.

La cautelar original no volvió a quedar en discusión. La medida que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 fue dictada en diciembre de 2025, confirmada posteriormente por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.

Ahora, el próximo paso dependerá de Cormick. Si acepta la revocatoria, podrá dejar sin efecto la intimación. Si la rechaza, deberá resolver sobre la apelación subsidiaria y definir si la concede con el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno. Recién en ese escenario el planteo quedará en condiciones de ser revisado por la Cámara.