España: el Gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos hasta 2030

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos en España y extender hasta 2030 la suspensión de los desahucios en determinados casos de vulnerabilidad. La decisión llegó después de varios días de protestas y acampadas contra la política de vivienda, impulsadas en parte por el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid.

El paquete fue acordado entre el PSOE y Sumar y contempla, además, una prórroga obligatoria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de finales de 2028, junto con medidas destinadas a regular los alquileres de temporada y por habitaciones. Los decretos deberán ser convalidados por el Congreso en una sesión prevista para el viernes.

Una de las principales medidas consiste en ampliar hasta 2030 la protección frente a los desahucios para determinados hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno también aprobó una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que permitirá extender durante dos años determinados contratos que finalicen antes del cierre de 2028. El objetivo declarado de la medida es evitar que los inquilinos pierdan su vivienda al terminar el contrato en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de alquiler.

El paquete incluye además la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades que se encuentran en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda en España.

Otra de las medidas anunciadas establece restricciones a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión, con vigencia prevista hasta 2028. El acuerdo también contempla otras medidas fiscales y de apoyo a jóvenes que buscan acceder a una vivienda.

Las nuevas medidas fueron anunciadas después del fuerte impacto social que tuvo el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante unas siete décadas en un departamento del barrio madrileño de Retiro.

El desahucio se concretó el 23 de septiembre después de varios intentos. El caso generó movilizaciones en Madrid y otras ciudades españolas y convirtió a la jubilada en un símbolo de las protestas por el acceso a la vivienda.

En los últimos días, miles de personas participaron de manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol, donde organizaciones de inquilinos reclamaron cambios en las condiciones de los contratos y mayores restricciones a los desalojos.

El impacto del caso también alcanzó una solución particular: la empresa propietaria de la vivienda acordó con los representantes de Maricarmen que pueda regresar al departamento con un nuevo contrato de alquiler, aunque la mujer todavía debía aprobar la propuesta.

El conflicto se produce en medio de una fuerte discusión sobre el acceso a la vivienda en España, donde los precios de compra y alquiler se convirtieron en uno de los principales problemas económicos y sociales.

Las organizaciones de inquilinos reclaman, entre otras medidas, contratos de mayor duración, límites a los incrementos de los alquileres y mecanismos que eviten desalojos cuando no exista una causa justificada.

El Gobierno también deberá enfrentar ahora el debate parlamentario. Los decretos aprobados por el Consejo de Ministros necesitan el respaldo del Congreso para mantenerse vigentes, por lo que la votación prevista para el viernes será una instancia clave para el futuro del paquete de vivienda.