Empresas recuperadas: se prorrogó por tres años la emergencia en la provincia de Buenos Aires

Por: Agencial Ansol

Por: Agencial Ansol

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que prorroga por tres años la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas, una medida que busca sostener la actividad de las cooperativas de trabajo surgidas de fábricas y empresas quebradas, cerradas o abandonadas por sus antiguos propietarios. La norma contempla la suspensión de desalojos y de cortes de servicios públicos esenciales durante la vigencia de la emergencia.

La iniciativa, impulsada por la senadora Malena Galmarini y firmada también por Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida, extiende los beneficios previstos en la Ley provincial 15.485, cuya vigencia estaba próxima a finalizar. La prórroga será por tres años a partir de la sanción de la ley y podrá extenderse si el Poder Ejecutivo considera que continúan las causas que justifican la emergencia.

El proyecto se originó en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y fue elaborado de manera participativa por las propias unidades productivas. La medida busca brindar previsibilidad a las cooperativas que sostienen sus fuentes laborales mediante la gestión colectiva, en un contexto marcado por el aumento de los costos de producción y los servicios públicos, y las dificultades económicas que afectan a distintos sectores.

Entre sus principales herramientas se encuentran la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo y la protección frente a los cortes de servicios públicos esenciales, como electricidad, agua potable y desagües cloacales, en los términos previstos por la legislación. 

El objetivo es evitar que las dificultades económicas o los conflictos vinculados con los inmuebles donde funcionan las unidades productivas pongan en riesgo la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo que dependen de ellas.

Durante el debate legislativo, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, destacó el alcance de la experiencia autogestionada y sostuvo: "Lo que muestran las empresas recuperadas es que puede haber un nuevo orden social donde los medios de producción estén en manos del trabajo, donde toda la gestión de la economía sea hecha en forma planificada y democrática por parte de las trabajadoras y los trabajadores".

Por su parte, el legislador Juan Malpeli remarcó la necesidad de dar estabilidad jurídica a las unidades productivas. "Lo único que quieren los trabajadores es previsibilidad; hace muchísimos años que ellos vienen trabajando, manteniendo familias, convirtiendo una política de hecho, y lo único que debe hacer la Legislatura es convertir esta política de hecho en política de derechos", afirmó.

Las empresas recuperadas son unidades productivas que quedaron en manos de sus trabajadores después de procesos de quiebra, cierre, vaciamiento, abandono o disolución de la firma original. Muchas de ellas se organizaron como cooperativas de trabajo o se encuentran en proceso de constitución, y sostienen su actividad mediante la gestión democrática de quienes trabajan en ellas.

Según los datos difundidos durante el tratamiento de la iniciativa, el universo alcanza a 188 empresas y casi 5.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con cifras atribuidas al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, expresó: "Esta tarde en la Cámara de Diputados sancionamos la ley que protege a las empresas recuperadas, porque defenderlas es cuidar el trabajo y la producción de nuestra provincia".

El legislador también vinculó la medida con el deterioro de las condiciones económicas que atraviesan las unidades productivas. "Frente a esta realidad, necesitamos un Estado presente, que brinde herramientas para garantizar la continuidad productiva, proteger las fuentes laborales y acompañar a los trabajadores y trabajadoras que, mediante la organización cooperativa, sostienen sus empresas y generan futuro para sus comunidades", señaló.

La directora del IPAC, Milagros Moya, destacó que la sanción de la ley brinda herramientas para sostener las fuentes laborales y evitar que las dificultades económicas deriven en el cierre de las unidades productivas. "Una ley que protege a 188 cooperativas y cerca de 5.000 trabajadores y trabajadoras, suspende los desalojos y los cortes de servicios públicos esenciales, brindando herramientas concretas para sostener la producción. Detrás de cada empresa recuperada hay trabajadores que decidieron organizarse, resistir al cierre y defender sus fuentes laborales. Son 5.000 familias que obtienen de manera concreta una respuesta para seguir adelante", afirmó.

La prórroga también retoma un reclamo histórico del movimiento de empresas recuperadas: contar con un marco jurídico que reconozca la continuidad de las unidades productivas y permita consolidar los proyectos de autogestión. En diálogo con ANSOL, Gisela Bustos, abogada e integrante del MNER e impulsora de la propuesta, había advertido sobre la importancia de sostener la protección legal para el sector.

Con la sanción de la prórroga, las empresas recuperadas bonaerenses contarán con tres años más de protección bajo el régimen de emergencia, en una medida que busca sostener la producción, el empleo y la gestión cooperativa frente a las dificultades económicas.

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