Eliminar las PASO, la primera gran misión de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Resumen para apurados

La reforma electoral pasó a ocupar un lugar central en la agenda política del Gobierno nacional. Con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada inició una nueva etapa de negociaciones en el Congreso para reunir los votos necesarios que permitan eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el principal objetivo del oficialismo.

La iniciativa es impulsada especialmente por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza. Aunque la eliminación de las PASO constituye el eje del proyecto, el Gobierno está dispuesto a negociar otros aspectos del texto durante el tratamiento parlamentario, entre ellos el capítulo referido a Ficha Limpia, con el objetivo de acercar posiciones con sus principales aliados del PRO y la UCR.

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En la Casa Rosada entienden que una eventual reelección del presidente Javier Milei dependerá no solo del rumbo económico, sino también de una estrategia política que evite la dispersión del voto oficialista y elimine mecanismos que faciliten la unificación de la oposición, como consideran que ocurre con las PASO.

Las conversaciones con gobernadores y legisladores comenzaron hace meses, cuando Santilli ocupaba el Ministerio del Interior, y continuarán ahora desde la Jefatura de Gabinete.

La estrategia política tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando Javier Milei reunió en la Casa Rosada a los 21 senadores y 95 diputados nacionales de La Libertad Avanza. Del encuentro también participó Karina Milei.

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Consultado por TN tras su primera visita al Senado como jefe de Gabinete, Santilli evitó adelantar definiciones. "Será un tema para conversar la próxima semana", respondió. En esa reunión, sin embargo, solo se analizó otra de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo: las modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

Mientras tanto, algunos legisladores oficialistas ya expresaron públicamente su respaldo a la propuesta. Uno de ellos fue Francisco Paoltroni, quien además reclamó elecciones limpias para Formosa y pidió avanzar con el tratamiento del proyecto de intervención federal para esa provincia.

No obstante, el foco del Gobierno está puesto en los senadores con vínculo directo con los gobernadores. Por eso, Santilli continuará con las conversaciones con los mandatarios provinciales, mientras en el Congreso Patricia Bullrich coordinará las negociaciones en el Senado y Martín Menem hará lo propio en la Cámara de Diputados.

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El PRO y la UCR ya presentaron distintos proyectos en el Senado. Dos de ellos están vinculados con la implementación de una ley de Ficha Limpia para las elecciones presidenciales del próximo año.

Uno fue impulsado por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Cristina Huala. El otro lleva la firma de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo.

Sin embargo, dentro del oficialismo genera preocupación otra iniciativa presentada por Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, que propone mantener las PASO, aunque con carácter optativo en lugar de obligatorio.

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En La Libertad Avanza admiten que podrían aceptar una suspensión de las primarias para el proceso electoral de 2027, pero rechazan de plano la posibilidad de convertirlas en optativas.

El argumento oficial apunta al costo económico que implica organizar una elección primaria. Sin embargo, puertas adentro también reconocen una razón política: consideran que las PASO fortalecen a las alianzas opositoras al permitirles ordenar sus candidaturas antes de la elección general.

En paralelo, el oficialismo busca sumar apoyos alrededor del capítulo de Ficha Limpia.

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El senador del PRO Martín Goerling Lara presentó un proyecto que impide postularse a personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública.

Según explicó el legislador, la iniciativa busca "garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático".

El texto comprende delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.

Por su parte, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez impulsaron una propuesta similar. En los fundamentos sostuvieron que el objetivo es impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan competir tanto en elecciones primarias como generales para cargos públicos nacionales.

Además, recordaron que Mendoza aprobó en 2022 la Ley provincial 9281, cuando Rodolfo Suarez era gobernador, y señalaron que esa norma refleja "el compromiso que nuestro equipo tiene con la calidad institucional".

También presentó un proyecto la senadora por Neuquén Julieta Corroza, del espacio Neuquinidad, cercana al gobernador Rolando Figueroa. Su propuesta modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando exista una condena confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación.

Mientras el Senado comienza a debatir la iniciativa, en Diputados ya surgieron cuestionamientos.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que el verdadero objetivo del Gobierno es asegurar la reelección presidencial.

"Y para eso está dispuesto a sellar cualquier pacto electoral. Buscan anular la pluralidad y la disidencia, concentrando cada vez más poder. Bajo el nombre de una reforma política y la eliminación o suspensión de las PASO, quieren impulsar un sistema que vuelve a las colectoras, un gran retroceso que solo busca beneficiar al poder de turno", afirmó.

Ferraro también pidió a los diputados y gobernadores que no resignen autonomía frente al Ejecutivo.

"No hay que dejarse avasallar ni resignar autonomía frente a las imposiciones de Javier Milei y de su hermana, ni ante su objetivo de avanzar hacia una lógica de partido único y de polarización permanente. Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores: cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta", advirtió.

En la misma línea se expresó la diputada radical Karina Banfi, integrante del monobloque Adelante Buenos Aires. "Las PASO se pueden modificar, reformar, cambiar la O de obligatoria por optativas, pero lo que no se puede hacer es eliminarlas. Se van a arrepentir, sé lo que les digo...", alertó la legisladora, quien comparte espacio político en la provincia de Buenos Aires con el senador Maximiliano Abad.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contiene 79 artículos y propone eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la Boleta Única de Papel e implementar el régimen de Ficha Limpia.

Además, plantea eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. De aprobarse, esos representantes pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso, respetando la representación proporcional de cada fuerza política.