El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

Por Alberto López Marín

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Juan Carlos Peinado, el juez que instruye la causa de Begoña Gómez, ha abierto una nueva pieza con otros dos delitos, prevariación y fraude, estos por presuntas irregularidades en contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés sufragados con fondos comunitarios y que investigaba la Fiscalía Europea.

Gómez compareció el lunes ante Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una audiencia preliminar que se suponía marcaba el cierre formal de la instrucción y abría la puerta a un posible juicio con jurado popular. Fue su quinto se esperaba que último encuentro cara a cara con el magistrado tras dos años de investigación. Como en las ocasiones anteriores, la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por el silencio y no respondió a ninguna pregunta. Se esperaba conocer en un plazo de 72 horas la imposición o no de medidas cautelares, pero el magistrado no se ha pronunciado al respecto superado ya el plazo.

La vista, que arrancó pasadas las seis de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla y se prolongó por más de tres horas, sirvió para que las partes se pronunciaran sobre la apertura de juicio oral. La acusación popular liderada por Hazte Oír solicitó al magistrado la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Además, reclamó que se le retiren sus derechos sobre la marca y el dominio del software desarrollado en su cátedra de Transformación Social Competitiva. Vox sumó la prohibición de acceso al programa informático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El argumento esgrimido por la acusación para justificar las medidas fue la existencia de "un evidente y fundado riesgo de fuga". "Entendemos que hay riesgo no solamente de fuga, sino también riesgo de sustraerse a la acción de la justicia", declaró a los medios el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán. Las mismas medidas de retirada de pasaporte y comparecencia quincenal fueron solicitadas para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también imputada en la causa. El empresario Barrabés, tercer investigado, quedó al margen de estas peticiones tras retirar la acusación su pretensión al considerar que no había demostrado intención de eludir la justicia.

La sesión estuvo marcada por la tensión entre el juez y el abogado defensor, el exministro de Interior Antonio Camacho, quien mantuvo el tono crítico que ya ha plasmado a lo largo de los dos años de instrucción. "Si Begoña Gómez estuviera casada con otra persona, no estaría sentada en el banquillo", afirmó Camacho durante la vista. "No existe un solo indicio en su contra", añadió, y acusó a las acusaciones populares de "hacer política con un procedimiento fantasma como una forma de erosión de un Gobierno con el cual no están de acuerdo". En un escrito de mayo, el letrado ya había acusado a Peinado de investigar a Gómez "por ser cónyuge" del presidente.

La defensa y la Fiscalía coincidieron en pedir que no se abra juicio oral, al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito. En su escrito de defensa, Gómez reclamó la absolución y denunció "mala fe" de las acusaciones. La Fiscalía, por su parte, ya había avanzado que pediría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid considerara procedente celebrar juicio.

Las acusaciones populares reclaman hasta 24 años de prisión para Gómez y 22 años para Álvarez por presunta malversación y su papel como cooperadora necesaria. Para Barrabés solicitan seis años de cárcel por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación, abierta en abril de 2024, gira en torno a la cátedra que Gómez codirigió en la UCM, el software creado en su seno, las labores de su asesora y un presunto tráfico de influencias a favor de Barrabés. Con la audiencia preliminar del lunes, Peinado da por cerrada la instrucción y traslada la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que será el órgano que decida si el caso llega finalmente a juicio con jurado popular.