El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para 2026 y 2027 con el objetivo de despejar las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Como parte de esa estrategia, anunció que una porción importante de los recursos provendrá del proceso de privatizaciones, mediante el cual el Estado espera recaudar US$800 millones este año y otros US$1.500 millones el próximo.

La previsión oficial alcanza un total de US$2.300 millones y representa una actualización respecto de la estimación realizada por el propio Caputo en abril, cuando había proyectado ingresos cercanos a los US$2.000 millones por privatizaciones y concesiones. Aunque el monto cambió levemente, el objetivo sigue siendo el mismo: fortalecer las cuentas públicas y reducir la necesidad de recurrir al financiamiento externo.

Hasta el momento, el Gobierno obtuvo US$356 millones por la venta de su participación accionaria en Transener y otros US$707 millones mediante la concesión de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin embargo, el grueso de los recursos aún depende de una serie de operaciones que continúan en distintas etapas de preparación.

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Entre los activos más importantes figuran las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, controladas mayoritariamente por Enarsa. Ambas poseen una capacidad superior a los 800 megavatios y representan cerca del 10% de la demanda eléctrica del país. El Banco de Inversión y Comercio Exterior estima que cada una podría valer alrededor de US$400 millones.

No obstante, la venta enfrenta algunos desafíos. Los actuales socios privados cuentan con derecho de preferencia para igualar cualquier oferta, lo que limita el ingreso de nuevos compradores. Además, los recientes cambios en las reglas de remuneración del mercado eléctrico dificultan establecer una valuación definitiva de los activos.

El plan oficial también contempla, más adelante, la incorporación de las centrales Almirante Brown y Vuelta de Obligado, aunque ambas permanecen sujetas a fideicomisos que finalizarán entre 2027 y 2028.

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En el segmento hidroeléctrico, el Ejecutivo prepara una nueva etapa de concesiones que incluirá las centrales Los Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú, ampliando así el proceso iniciado con las centrales del Comahue.

Otro proyecto relevante es la privatización de Belgrano Cargas. La iniciativa prevé tres operaciones: la concesión por 50 años de las vías ferroviarias de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza; la venta de locomotoras y vagones, valuados en unos US$500 millones; y el alquiler de los talleres ferroviarios bajo un esquema de leasing. Mientras la concesión de las vías no generará ingresos inmediatos, la venta del material rodante permitirá incorporar recursos en el corto plazo mediante un sistema de pagos escalonados.

Entre las privatizaciones más avanzadas aparece la de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). El Gobierno busca vender el 90% de la empresa para recaudar alrededor de US$500 millones. El proceso contempla una primera etapa con la transferencia del control a un operador privado y una segunda con la colocación del resto de las acciones en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores. Entre los interesados figuran el empresario José Luis Manzano y la brasileña Sabesp.

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En contraste, la privatización de Intercargo no logró despertar interés. Tras dos prórrogas, la licitación para vender el 100% de la empresa quedó desierta, pese a que el precio base había sido fijado en US$45 millones.

El programa también incluye la posible venta de Tandanor y de la Casa de Moneda, aunque ambos procesos todavía carecen de un cronograma definido. Con este conjunto de operaciones, el Gobierno apuesta a generar recursos extraordinarios para afrontar los compromisos de deuda de los próximos años, fortalecer el equilibrio fiscal y consolidar una estrategia financiera basada en una mayor participación del capital privado en empresas y activos estatales.

El Gobierno anunció la emisión del Bonar 2029 (AO29), un nuevo bono en dólares con cupón anual del 6% y pago de intereses mensuales, orientado principalmente a pequeños ahorristas. La iniciativa busca captar hasta US$2.000 millones en el mercado local para financiar parte de los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027, reduciendo la dependencia del crédito internacional. El título replicará las condiciones de los Bonar 2027 y 2028, colocados recientemente por US$4.000 millones. La primera licitación del AO29 se realizará el 15 de julio y no tendrá un monto máximo de adjudicación para facilitar la reinversión de capitales.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió ayer 2,2%, en los 3.266.960 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extendieron las ganancias, lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+6,8%) y Banco Supervielle (+5,7%) al frente. También destacó el rebote de 8,6% en los títulos de Bioceres. Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis unidades para la Argentina, en los 408 puntos básicos, un piso desde un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).