El gobierno de Milei autorizó toma de deuda por hasta U$S5.000 millones mediante decreto
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y habilita operaciones con entidades financieras internacionales para reducir el costo del financiamiento del Tesoro.
Resumen para apurados
El gobierno de Javier Milei autorizó la realización de operaciones de financiamiento por hasta U$S5.000 millones con entidades financieras internacionales y habilitó la posibilidad de que los contratos incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos (EEUU).
La medida fue oficializada a través del Decreto 478/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía nacional, Luis Caputo.
Según se establece en la norma, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos en dólares otorgados por entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, con el respaldo de garantías parciales de organismos multilaterales de crédito, consignó el diario "Ámbito".
El decreto faculta al órgano encargado de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional -integrado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía- a instrumentar las operaciones necesarias para concretar el financiamiento.
La normativa prevé que los acuerdos puedan incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York, así como la renuncia a oponer inmunidad de jurisdicción frente a eventuales reclamos vinculados con los préstamos. Sin embargo, aclara que la República Argentina mantiene la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos o protegidos por la legislación vigente.
Entre los activos excluidos de eventuales ejecuciones se encuentran las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes de dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes de misiones diplomáticas y consulares, los recursos vinculados a la recaudación de impuestos y regalías, los bienes militares y el patrimonio cultural del país.
Además, el decreto habilita a las áreas competentes a definir condiciones financieras, seleccionar entidades participantes, contratar agentes fiscales y calificadoras de riesgo, suscribir los acuerdos correspondientes y afrontar los gastos derivados de las colocaciones.
El gasto será imputado a las partidas de la Jurisdicción 90-Servicio de la Deuda Pública, y la medida entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial nacional.
