El gobierno de Milei analiza postergar otra vez el impuesto a los combustibles para evitar un aumento en julio

Resumen para apurados

Antes que venza el plazo fijado por el último decreto, el gobierno de Javier Milei analiza si volverá a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una decisión que podría evitar un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil desde julio.

En la Secretaría de Energía de la Nación señalaron que la medida "se está analizando", mientras el equipo económico evalúa el impacto fiscal de una nueva prórroga y su incidencia sobre la inflación, según publicó el diario "Ámbito".

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La definición forma parte del seguimiento que realiza el equipo económico sobre la evolución de los precios regulados y su posible traslado al índice de inflación.

El último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria había modificado nuevamente el cronograma de actualización tributaria y estableció que los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio.

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La definición es relevante porque los combustibles tienen un peso directo sobre los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad particular. Por eso, cualquier actualización impositiva puede trasladarse rápidamente a los surtidores y luego al resto de la cadena de precios.

El gobierno libertario viene utilizando la postergación del impuesto como una herramienta para moderar aumentos en los combustibles y evitar saltos bruscos en el IPC. Los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se actualizan de forma periódica según la inflación, pero desde 2024 el Ejecutivo nacional aplica sucesivos diferimientos para administrar su impacto.

En los considerandos del último decreto, la Casa Rosada argumentó que la decisión buscaba continuar estimulando el crecimiento de la economía "a través de un sendero fiscal sostenible". En términos prácticos, la medida permitió evitar que los aumentos acumulados llegaran a los precios finales durante junio.

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Ahora, con el vencimiento de ese plazo, Nación debe resolver si habilita el traslado de los incrementos pendientes o si vuelve a extender el diferimiento. Una nueva postergación requeriría una modificación normativa similar a la publicada a comienzos de mes.

Si no hay una nueva prórroga, el aumento acumulado de los impuestos comenzaría a regir desde julio y podría presionar sobre los precios de los combustibles. El impacto final dependerá de la decisión de las petroleras, de la evolución del precio internacional del crudo -hoy muy por debajo de lo que cotizó tras el estallido de la guerra en Medio Oriente-, del tipo de cambio y de la estrategia oficial para administrar los precios regulados.

La discusión también se da en un contexto de alta sensibilidad sobre los precios de la energía. Además del componente impositivo, el mercado viene monitoreando la evolución del petróleo internacional y los mecanismos utilizados por las compañías para evitar subas abruptas en los surtidores.

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En mayo, YPF había impulsado un esquema de amortiguación de precios que luego fue acompañado por otras petroleras. Ese mecanismo buscó contener aumentos fuertes en medio de la volatilidad internacional del crudo y mantuvo a la nafta súper en torno a una referencia cercana a los $2.000.

La eventual continuidad o finalización de ese esquema será otro de los factores que incidirá en el precio final de los combustibles durante julio. En paralelo, la decisión sobre el impuesto aparece como una variable central para determinar si el mes arranca con una nueva presión sobre los surtidores.

Por ahora, en la Secretaría de Energía evitan confirmar el camino elegido. La respuesta oficial es que la medida "se está analizando", mientras el Gobierno nacional evalúa el costo fiscal de una nueva postergación y el impacto inflacionario que tendría habilitar el aumento.