El Gobierno acordó cambios en la Ley de Tierras

Patricia Bullrich informó las modificaciones de última hora incorporadas al proyecto conocido como Ley de Tierras.

En la previa a una sesión clave para el Gobierno Nacional, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, informó las modificaciones de última hora incorporadas al proyecto conocido como Ley de Tierras: "Pusimos un límite del 25% a la compra de tierras por parte de extranjeros", sostuvo la legisladora.

La legisladora defendió la iniciativa al afirmar que "acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras". Además, destacó el consenso alcanzado para avanzar con el proyecto al señalar que "esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques".

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"Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia. Es un acuerdo muy bueno para el país", agregó, antes de agradecer el acompañamiento del PRO, la UCR y de partidos provinciales aliados.

Entre las modificaciones incorporadas al dictamen, el artículo 25 establece que la compra de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá quedar registrada en los registros inmobiliarios de cada provincia, mediante un asiento especial en el que consten los datos y la nacionalidad del adquirente.

En ese sentido, Bullrich aseguró que el objetivo es "terminar con los fantasmas" y sostuvo que "esta es una ley clara" con la que "hemos llegado a un dictamen común". Asimismo, afirmó que el texto consensuado "nos asemeja a Brasil" y explicó que "las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias".

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Por otra parte, el proyecto introduce modificaciones al régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. En ese sentido, incorpora nuevos criterios para determinar cuándo un bien podrá ser declarado de utilidad pública y, en consecuencia, quedar sujeto a una expropiación.

Si bien mantiene el principio vigente, que habilita la expropiación de bienes cuando resulten convenientes o necesarios para satisfacer un fin de utilidad pública, la iniciativa establece que esa declaración deberá aplicarse con un criterio restrictivo y precisar de manera expresa el objetivo concreto que justifica la medida.

Asimismo, el dictamen que obtuvo respaldo en comisión dispone que una expropiación solo podrá avanzar cuando constituya un medio idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público invocado.