El fútbol como escudo de impunidad
Los escándalos y las inconsistencias financieras dentro de la AFA no podrán ser tapadas por ningún evento deportivo
En la Argentina contemporánea, los éxitos de la selección nacional de fútbol parecen haberse convertido en el salvoconducto perfecto para la impunidad administrativa. Pocas horas antes de que comenzara el Mundial, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, logró una bocanada de aire gracias a una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El fallo paraliza la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que pretendía auditar unos balances que oscilan entre el misterio y la inconsistencia. La maniobra expone un cinismo de manual: mudar sedes a Pilar, trabar la fiscalización del Estado nacional y estirar los plazos procesales bajo una premisa éticamente miserable: apostar a la euforia y a un eventual éxito deportivo como un anestésico social capaz de licuar las responsabilidades y diluir las investigaciones judiciales.
Detrás de este cerrojo judicial no hay una defensa de la autonomía deportiva, sino el pánico a que se corra el velo de turbias operaciones administrativas. Los datos revelados por la investigación judicial, plasmados en el duro dictamen del fiscal penal económico Emilio Guerberoff, exponen un patrón de opacidad sistemática. El eje del escándalo es la firma estadounidense TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, convertida por Tapia y Toviggino en la recaudadora exclusiva de los dólares que la Selección genera en el exterior, bajo un contrato escandalosamente extendido hasta el año 2030.
Los balances de la AFA de los años 2022 y 2023 parecen un ejercicio de magia contable: la empresa norteamericana simplemente no existe en los papeles oficiales. La información sobre millones de dólares en patrocinios y derechos comerciales aparece diluida en categorías genéricas y borrosas. Recién en 2024 la firma asoma como deudora por 14,5 millones de dólares, para volver a desaparecer en las proyecciones de 2025. Esta alternancia no sería un error de cálculo, sino, como advierte la fiscalía, un indicio de ocultamiento sistemático diseñado para encubrir desvíos de fondos que debieron haber ingresado a las arcas de la institución. Mientras la contabilidad formal dibuja un relato, el discovery financiero en Estados Unidos arroja un festival de movimientos millonarios en bancos como el JPMorgan y el Citibank que jamás cruzaron las puertas de la sede de la AFA en la calle Viamonte.
Tras la consagración en el Mundial de Qatar de 2022, el patrimonio neto declarado por la AFA ante el organismo fiscal se multiplicó por más de treinta, escalando de $1989 millones a $64.181 millones.
El fútbol es pasión, identidad y pertenencia, pero en las manos de la actual dirigencia se ha transformado en un escudo de impunidad. No se puede seguir administrando la pasión de millones desde la lógica de una sociedad secreta. Que los abogados de la AFA logren cerrar las puertas a los veedores estatales, o que se investiguen consumos suntuarios con tarjetas corporativas a nombre de presuntos testaferros demuestra que la matriz de conducción está agotada en términos éticos.
La sociedad argentina merece celebrar a su equipo nacional sin la sospecha de que cada gol sirva para tapar un agujero negro contable. El crecimiento patrimonial post-Qatar no puede ser la justificación para el descontrol, sino la razón principal para una transparencia absoluta. Tapia, Toviggino y su mesa chica juegan al desgaste, apostando al olvido y a la complicidad del exitismo. Sin embargo, cuando la fiesta del Mundial termine y las luces de los estadios se apaguen, las inconsistencias financieras y los procederes mafiosos seguirán allí, exigiendo respuestas que ninguna copa del mundo debería poder tapar.
