El edificio donde ocurrió la explosión: sin certificado de final de obra y sin fecha para volver a ser habitado

¿Qué pasará con el edificio de Monteagudo 120, donde el lunes murió el médico Jonathan Stisman, de 43 años, tras una explosión seguida de un incendio? ¿Cuándo podrán regresar los vecinos a sus departamentos? ¿El inmueble estaba en condiciones de ser habitado? ¿Qué ocurrirá con la situación administrativa que arrastra desde hace años la torre?

Los interrogantes siguen flotando después de la tragedia ocurrida el lunes en el centro capitalino. La Municipalidad confirmó que la estructura del edificio no sufrió daños, aunque el inmueble todavía no está habilitado para volver a ser ocupado. Y se conoció otro dato que vuelve a poner la mirada sobre el inmueble: nunca obtuvo el certificado de final de obra y permanece intimado por Catastro desde 2018.

La información fue confirmada por las autoridades del municipio de San Miguel de Tucumán. Además, aclararon que la administración del inmueble deberá completar una serie de reparaciones antes de que los vecinos puedan regresar a sus departamentos.

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Se va a poder habitar cuando se limpie todo el núcleo de circulación, especialmente la escalera que todavía tiene escombros. También habrá que reparar los tres departamentos afectados, algunos cielorrasos del segundo piso y rehabilitar los servicios, detallaron.

La evaluación municipal se realizó inmediatamente después de la explosión ocurrida en el departamento 13, ubicado en el tercer piso. Expertos en estructuras inspeccionaron el inmueble durante la noche del lunes y volvieron a revisarlo durante la mañana siguiente.

Rubén Fernández, director de Defensa Civil, confirmó que no hay daños estructurales. Los departamentos del segundo, tercero y cuarto piso solamente presentan desprendimientos provocados por la onda expansiva. La explosión, que se habría originado por una pérdida de gas en un artefacto de la cocina, derribó las paredes divisorias de los departamentos 12, 13 y 14 del tercer piso, pero no comprometió los elementos resistentes del edificio.

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Que la estructura se encuentre estable no significa que el edificio pueda ser ocupado nuevamente. Antes que eso ocurra, deberán realizarse los arreglos en tres departamentos afectados. También deberá resolverse la situación de los servicios públicos. Si bien ayer algunos vecinos contaron que ya tenían agua y energía eléctrica, el gas aún no pudo reconectarse.

El futuro inmediato del inmueble no está relacionado únicamente con los daños que dejó la explosión. El edificio arrastra además una situación administrativa que permanece sin resolver desde hace años. Según informaron desde la Dirección de Catastro, en ese organismo se encuentran todas las actuaciones que se hicieron porque el inmueble no contaba con el certificado de final de obra.

En 2018, el municipio notificó a los responsables y aplicó las sanciones previstas, remarcaron. La falta del final de obra no es una cuestión meramente formal, según dijeron. También tiene consecuencias sobre la situación registral de los departamentos.

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El principal obstáculo para completar el trámite de final de obra estaría relacionado con la propia construcción del inmueble. Los investigadores precisaron que el edificio fue ejecutado con un piso más de lo permitido por el Código de Planeamiento Urbano. Y que, por este motivo, ahora los propietarios deberían recurrir a una instancia superior (posiblemente al Concejo Deliberante) para intentar obtener una excepción que permita regularizar la construcción.

La pregunta que muchos se hicieron fue cómo consiguieron tener acceso a los servicios sin un certificado final de obra. Según precisaron las autoridades, el edificio cuenta con las conexiones porque fue construido antes de que entraran en vigencia los requisitos actuales para ese tipo de habilitaciones (2004).

Mientras continúa la investigación, los vecinos del edificio de Monteagudo 120 esperan respuestas sobre cuándo podrán volver. Carolina Ayala es una de las residentes que atraviesa esa situación. Estudiante y oriunda del interior de la provincia, vive en el edificio desde abril y contó a LA GACETA que, desde el día de la explosión, tuvo que trasladarse entre casas de familiares y amigos porque no tiene un lugar fijo donde quedarse.

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Según explicó, algunos vecinos que no tienen dónde alojarse fueron alojados un hotel proporcionado por la inmobiliaria, mientras que otros tuvieron que buscar alternativas por sus propios medios.

Ayer a la mañana, Ayala regresó al edificio para retirar algunas pertenencias y comprobó que el suministro eléctrico y el agua habían sido restablecidos. Sin embargo, remarcó que el inmueble todavía no se encuentra en condiciones de ser habitado con normalidad.

El gas es, por ahora, una de las principales preocupaciones. Los vecinos no recibieron una fecha precisa para la reconexión y estiman que la vuelta a la normalidad podría demorarse. La situación también genera incertidumbre por el impacto que tendrá el uso de artefactos eléctricos para reemplazar aquellos que funcionan con gas.

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A la falta de servicios se suma otro problema: los vecinos aseguran que algunas personas ingresaron al edificio durante estos días y denuncian la desaparición de pertenencias. Ayala contó que hubo puertas forzadas y que residentes del inmueble advirtieron sobre la pérdida de distintos objetos.

La explosión ocurrida en Monteagudo 120 volvió a poner bajo la lupa la situación de los edificios que permanecen ocupados pese a no contar con el correspondiente certificado de final de obra o de habitabilidad. A partir de ese caso, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que realice una auditoría preventiva y urgente de este tipo de inmuebles en San Miguel de Tucumán.

"No estamos afirmando que la falta del final de obra haya causado la explosión. Eso debe determinarlo la investigación. Lo que sí sabemos es que el municipio había detectado la irregularidad en 2018 y que, ocho años después, el edificio seguía ocupado sin haberla resuelto", señalaron los concejales.

El proyecto propone comenzar la revisión por las torres incluidas en aquel relevamiento municipal (eran 31 en total), las que actualmente no cuenten con final de obra y aquellas que registren denuncias, incidentes o antecedentes de riesgo.

La auditoría debería contemplar tanto la situación de los expedientes, planos e intimaciones como las condiciones de seguridad: instalaciones de gas, electricidad y agua, sistemas contra incendios, ascensores, vías de evacuación, iluminación de emergencia y estado estructural.

Cobos aclaró que el objetivo no es clausurar edificios automáticamente por irregularidades administrativas, sino determinar cuáles requieren adecuaciones y cuáles presentan riesgos concretos.

Según la investigación, el edificio de Monteagudo 120, donde se produjo la explosión, tendría antecedentes de irregularidades que se remontan a 2003. Documentación incorporada a la pesquisa señala que entonces se habrían detectado diferencias en modificaciones estructurales que no contaban con autorización, entre ellas cambios en balcones, ascensores, ampliaciones y la construcción irregular de un octavo piso.