Digesto Jurídico: se reducen las leyes generales de Tucumán a unas 1.150

El trabajo para consolidar y ordenar la legislación vigente en Tucumán, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y facilitar el acceso a las normas, dio un nuevo paso. La Legislatura avanzó el jueves con la aprobación de la actualización anual del Digesto Jurídico (Ley 9.924), mediante la cual se reducirán las leyes generales vigentes a unas 1.150.

El tratamiento del proyecto elaborado por la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa se abordó en el debate del jueves, el cual comenzó con una alta carga política-electoral durante el tratamiento de un convenio por obra pública y en el cual también se aprobó la creación de un sistema provincial de alerta temprana.

La presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse (bloque Justicialista), explicó que en conjunto con las distintas comisiones permanentes se revisó la totalidad de las leyes sancionadas durante 2025 y actualizó los textos consolidados que integran el cuerpo normativo provincial.

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La nueva consolidación no se limitó a las 103 leyes aprobadas durante el año pasado. El trabajo técnico alcanzó un universo de 3.016 normas, integrado por 2.958 leyes, 19 decretos-ley y 39 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Tras ese análisis, el Digesto quedará conformado por 1.148 leyes generales vigentes (ya se había reducido de 4.600 a unas 1.500 generales), mientras que las restantes 1.638 normas corresponden a leyes particulares, como las de expropiación, que mantienen su vigencia pero no integran el cuerpo de legislación general.

Entre las principales actualizaciones figuran prórrogas de distintas emergencias provinciales (hídrica, eléctrica, del transporte público, educativa y agropecuaria, entre otras) y modificaciones al Código Tributario, al Código Procesal Penal, a la Ley Orgánica de Tribunales, a la normativa ambiental y de protección de testigos, además de reformas vinculadas con salud, educación, deporte, seguridad pública, producción y servicios públicos.

"Ordenar las leyes de la provincia nos reconcilia y nos acerca con el ciudadano", afirmó durante su exposición la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa. Destacó que la actualización anual responde a una reforma impulsada por la propia Legislatura para dejar atrás el esquema de revisión cada tres años.

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La legisladora explicó que el principal objetivo del Digesto es ofrecer un sistema legal claro y accesible. Recordó que un relevamiento realizado en 2024 mostró que más del 60% de los tucumanos desconoce cuáles son las leyes provinciales vigentes y suele confundir normas nacionales, provinciales y municipales. "Las leyes establecen derechos y obligaciones, se presumen conocidas por todos y son de cumplimiento obligatorio", remarcó. Además, permitió a todos los legisladores integrantes del comité que expusieran las tareas llevadas a cabo.

Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán) sostuvo que la consolidación representa un aporte directo a la seguridad jurídica y repasó algunas de las reformas incorporadas. Mencionó la reorganización de la normativa ambiental, la actualización de la ley de protección de testigos y la prórroga de la emergencia en seguridad pública, entre otras. "La seguridad jurídica tiene un valor fundamental en la organización institucional de cualquier Estado", dijo.

El peronista Alberto Olea repasó las leyes vinculadas con servicios públicos, producción y seguridad social. Destacó las prórrogas de las emergencias hídrica, eléctrica, del transporte público, educativa y agropecuaria, además de la incorporación del Programa Joven para la Promoción de la Música dentro de la Ley de Protección Integral de la Juventud.

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"El trabajo de consolidación va destinado al 100% de la población de Tucumán, no a un sector ni a un municipio", remarcó Walter Berarducci (Compromiso Tucumán). Entre las modificaciones que destacó sobresalen la ampliación de competencias de los juzgados de paz letrados para intervenir en divorcios consensuales, alimentos provisorios, medidas de protección familiar y desalojos, con el propósito de agilizar las respuestas judiciales.

El bussista Eduardo Verón Guerra, en tanto, aprovechó su intervención para pedir un cambio en el tono del debate parlamentario, luego de los cruces registrados al inicio de la sesión. "La palabra puede construir puentes o volverse un fusil. Levantemos el nivel y demos paso a las necesidades de los ciudadanos", expresó. Luego enumeró las principales reformas en materia de salud, educación y deporte.

Finalmente, Roque Tobías Álvarez (presidente del bloque Justicialista) repasó las modificaciones de carácter económico y tributario, especialmente las introducidas al Código Tributario y a la Ley Impositiva. El legislador sostuvo que las reformas no persiguen únicamente un fin recaudatorio, sino que buscan mejorar la distribución de los recursos públicos y acompañar a sectores afectados por emergencias mediante prórrogas, beneficios fiscales y alícuotas diferenciales.

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Se sancionó la creación del Sistema de Monitoreo Postlegislativo, una herramienta para evaluar si las leyes cumplen los objetivos para los que fueron creadas y si generan resultados concretos en la sociedad. La iniciativa institucionaliza un mecanismo permanente de seguimiento sobre la implementación, eficacia, eficiencia e impacto de las normas, con informes periódicos elaborados por un laboratorio especializado. Se busca así fortalecer el control parlamentario y evitar que las leyes queden sin reglamentación o aplicación efectiva tras su promulgación.