De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska
El tribunal los culpó por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado.
Resumen para apurados
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, fueron condenados a cinco años de prisión en el marco del juicio oral por el caso Skanska. El fallo representa un hito judicial al tratarse de la resolución de la primera gran causa de corrupción que estalló durante la gestión kirchnerista. Los ex funcionarios, quienes eran los máximos responsables de la obra pública en el período investigado, siguieron la lectura del veredicto de forma virtual desde sus respectivos lugares de detención: De Vido desde su arresto domiciliario por razones de salud en Zárate, y López desde el penal de Ezeiza.
El Tribunal Oral Federal N° 4 demostró que ambos ex funcionarios incurrieron en los delitos de cohecho pasivo y defraudación a la administración pública al cobrar sobornos en el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004. Además de la pena de prisión, que coincidió exactamente con el pedido realizado por el fiscal federal Abel Córdoba, los jueces dispusieron la inhabilitación especial perpetua para que tanto De Vido como López puedan volver a ejercer cargos públicos.
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Junto a los ex miembros del Poder Ejecutivo, el tribunal también dictó penas contra nueve ex directivos de la constructora sueca Skanska, quienes participaron del esquema ilegal para asegurar la adjudicación de las obras. La sentencia incluyó el decomiso de un total de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, de los cuales 34 millones corresponden al monto estimado del cohecho y los 14 millones restantes al fraude perpetrado contra el Estado. Los magistrados notificaron que el cobro de esta suma se ejecutará una vez que el fallo quede firme, lo que involucrará a la firma Pecom, compradora de los activos de Skanska en 2015.
La decisión judicial fue dividida en cuanto a los fundamentos técnicos. El tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Íñiguez, siendo esta última quien votó en disidencia respecto a la calificación penal y al monto de los castigos. Para López Íñiguez, la conducta de los imputados debía encuadrarse bajo el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en lugar de cohecho. Asimismo, la magistrada consideró que no existía el delito de fraude calculando en un peritaje de la Corte Suprema que determinara la ausencia de sobreprecios en las obras.
El caso Skanska se remonta a los primeros años del kirchnerismo, cuando se detectó un presunto esquema de direccionamiento de licitaciones y pagos de retornos por parte de la multinacional de origen sueco. De acuerdo con la investigación judicial, la compañía intentó ocultar y respaldar legalmente las salidas de dinero espurias mediante la utilización de un circuito de facturas falsificadas emitidas por más de veinte empresas fantasmas. Con este mecanismo, la firma simulaba la contratación de servicios e insumos que en la realidad nunca se prestaron.
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Una de las pruebas más contundentes que permitieron destapar la maniobra fue una grabación interna de la propia compañía. En dicho audio, el ejecutivo de la firma constructora, Javier Azcárate, admitió de forma explícita ante el entonces síndico de la empresa, Claudio Corizzo, el pago de los sobornos a las autoridades gubernamentales a cambio de asegurarse los contratos para la ampliación de los sistemas de gasoductos.
Al momento de elevar la causa a juicio oral en el año 2019, el juez federal Sebastián Casanello había argumentado que Skanska pactó con sus competidores privados para inflar los costos de las ofertas durante el concurso. Según la acusación del magistrado, esta maniobra de cartelización y sobrecostos contó con el consentimiento explícito de los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento de contratación, generando un beneficio económico ilegal a título personal para los involucrados
