Bolivia: campesinos amenazan con tomar unidades militares tras promulgación de ley sobre estados de excepción

Dirigentes campesinos de Bolivia amenazaron con tomar unidades militares luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara una ley de regulación de estados de excepción en medio de la ola de conflictos que enfrenta el país.

Mario Rivera, representante de la Federación de Comunidades Interculturales de la localidad de Chimoré (centro), anunció el rechazo de su organización a la norma y anunció que iniciarán una vigilia y la “toma de instalaciones militares” de ese municipio ubicado a 193 kilómetros de Cochabamba.

“Vamos a tomar puestos militares”, advirtió en un video difundido por la radio cocalera Kawsachun Coca.

“No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, agregó.

A través de la Ley 1740 se regulan los procedimientos, alcances y límites de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado.

Aunque no se ha implementado la medida, el Gobierno defiende la norma como un marco institucional necesario para restablecer el orden y la libre circulación bajo el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, según los dirigentes de los interculturales —una organización social conformada por campesinos migrantes, e hijos de estos, que se trasladaron desde el altiplano hacia los valles y tierras bajas de Santa Cruz y Cochabamba principalmente—, la norma constituye una amenaza para quienes piden la renuncia del primer mandatario.

Rivera cuestionó en concreto dos artículos de la Ley 1740 que establecen la “presunción de legalidad” de las actuaciones militares durante la vigencia de los estados de excepción.

“Esta ley está hecha para reprimir al pueblo”, afirmó otro de los representantes del sector que acompañó en el pronunciamiento.

Las declaraciones se producen en un momento de tensión social en Bolivia tras más de un mes de protestas sociales y bloqueos de carreteras.

Los manifestantes, un grupo heterogéneo conformado por sindicatos de obreros, cocaleros y campesinos del altiplano y los valles, exigen la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de incumplimiento de las promesas de campaña y de gobernar de manera excluyente en favor de las élites.

También denuncian intentos de privatización de empresas públicas, algo que el Ejecutivo ha negado reiteradamente.

Los bloqueos prolongados han provocado desabastecimiento de alimentos, insumos básicos y combustible sobre todo en el departamento de La Paz, donde iniciaron las protestas.

Los medios locales también reportan interrupciones en el servicio de transporte público y el recojo de basura, además de la suspensión de algunos servicios médicos por falta de oxígeno medicinal que no puede ser trasladado desde las ciudades donde se produce.

Las estimaciones de las pérdidas económicas varían según las fuentes, pero rondan los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese contexto, varios actores políticos, económicos y cívicos han reclamado al presidente acciones para restablecer el orden.

Este martes se cumplen 34 días consecutivos de bloqueos y la Administradora Boliviana de Carreteras registra casi 80 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

La promulgación de la ley de regulación de estados de excepción no implica la vigencia automática de la medida porque hace falta un decreto y la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, el presidente Paz afirmó que el plan de actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas ya está diseñado y les pidió actuar con “profesionalidad” y “firmeza” para proteger a la población.