Biocombustibles: con distintos expositores, inició el debate en Diputados

Los legisladores recibieron a más de diez representantes de industrias aceiteras, donde la opinión se dividió entre quienes avalan la nueva ley y quienes exigen más cambios.

La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados comenzó el debate del proyecto de Biocombustibles que cuenta con media sanción del Senado desde el mes pasado.

Los legisladores recibieron a más de diez representantes de industrias aceiteras, donde la opinión se dividió entre quienes avalan el dictamen que salió de la Cámara alta y quienes exigen más cambios.

Este proyecto de ley está pensando para ir al recinto junto al Presupuesto 2027. La fecha designada es el miércoles 18 de noviembre, después de las elecciones estadounidenses y la visita del Papa León XIV a la República Argentina. Cabe aclarar que el despacho de esta iniciativa debe pasar por una plenaria entre Energía junto a Presupuesto y Hacienda.

Brevemente, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, destacó que con este nuevo marco normativo "vamos a tener competencia, inversión y tecnología". En detrimento de la Ley 27.640 sancionada en el gobierno del Frente de Todos, afirmó que "pasamos de un mercado que reparte a un mercado que crece", y cerró: "esto es materia de lo que el presidente Javier Milei viene haciendo".

Sin embargo, fuentes de bloques aliados consultadas por parlamentario.com revelaron que hay un principio de discrepancia con relación al despacho que salió de la Cámara alta. No está descartado que el dictamen sufra cambios antes de pasar al hemiciclo de la Cámara de Diputados.

El primer expositor fue Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaiz), quien destacó la creación de esta industria con la Ley 26.093 en el 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Inicialmente, reveló que él representa a un sector que "ya generó más de 2.000 millones de dólares con más de 100.000 empleados". Sin embargo, criticó a la Ley 27.640 sancionada en 2021.

Llamó al marco regulatorio que impulsó el Frente de Todos como "Espada de Damocles" que, a su parecer, "no permitió la industrialización de las materias primas". También cuestionó que esa ley perjudicó el crecimiento de la República Argentina a diferencia de lo que ocurrió con los países limítrofes. "Estamos pidiendo el apoyo al proyecto porque incentiva la producción de alimentos y crea empleo de calidad", concluyó.

En segunda instancia, el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Luis Feijoo, destacó la participación de la Secretaría de Energía en la confección del proyecto de ley y agregó que su sector representa a 4.500 productores y a 45.000 trabajadores que "generan 26 millones de toneladas de caña" en un área geográfica reducida de Jujuy, Tucumán y Salta. Consideró, además, que son las "actividades más importantes de las economías regionales del país".

Feijoo señaló también que "la producción de etanol se triplicó y pasó de 200.000 metros cúbicos a 600.000, representando el 30% de esa actividad". Asimismo, destacó que los últimos "dos años de exportación fueron de 600.000 toneladas". Reafirmó que "el bioetanol es sustantivo y decisivo", y destacó que "hay 65 países que tienen cortes mandatorios de biocombustibles en sus combustibles y fue un error contraponer actividades".

El director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Federico Martelli, quien representa a las empresas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, señaló que estas jurisdicciones "hacen el 60% del biodiésel en el corte obligatorio", y reiteró que justamente estas empresas "piden cambios porque así van a la quiebra".

Mencionó entre los aspectos negativos que, según su mirada, van a generar este dictamen que "las pymes que hacen biodiésel se ven perjudicadas". Asimismo, señaló que estas pymes generan "100.000 toneladas al año y se dividen entre 25 pymes". "Han llegado los tiempos del libre mercado y libre comercio, pero modernizar no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en 6 aceiteras".

En el final, Federico Martelli, titular del CEPREB, afirmó que "los perdedores van a ser las pymes", y concluyó: "No va a haber una sola inversión en biodiésel".

En el mismo costado se paró Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien calificó al proyecto de ley como un generador de "asimetrías entre el bioetanol y el biodiésel", y cargó: "Este proyecto sube el corte del biodiésel al 10%, pero no asigna por competencia porque para eso hacen falta dos cosas, una oferta que supere a la demanda y libre competencia que no es lo mismo que libre contratación".

Boerr leyó diez cambios que exige al dictamen que se aprobó en el Senado el pasado 17 de septiembre, y sintetizó: "La ley actual (27.640) es catastrófica, pero este proyecto como está, no nos da certeza". "El artículo 14 habla de competencia, pero en realidad no hay competencia, hay dos lados muy desiguales con cuatro petroleras que tienen el 99% de la demanda -una sola tiene el 60%- y la productora de biodiésel que más hace, solo hace el 6%", cerró.

Completaron las exposiciones, el presidente de Biopyme, Juan Manuel Velázquez; el de Maizar, Federico Zerboni; el de CASFER, Marcelo Kusznierz; el director ejecutivo de la CADE, Miguel Peirano; Hernán Momo, representante de Downstream de la CADE; Víctor Accastello, titular de ACABio; y Gastón Freites, representante de BCCBA.

El proyecto de Biocombustibles obtuvo la aprobación del Senado el pasado 17 de septiembre. El texto propone un nuevo marco regulatorio para la producción, comercialización, almacenamiento y mezcla de biocombustibles y un plazo de vigencia de 15 años desde su sanción. No se trata de una desregulación total del mercado, pero sí habilita a una mayor participación de acuerdos entre privados.

La Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Economía- será la autoridad de aplicación, la cual supervisará la diversificación de la matriz energética, el fomento de las exportaciones y la promoción de las economías regionales. A partir de este proyecto, los porcentajes de mezcla obligatoria pasan a ser de 7,5% para el biodiésel en el gasoil con una suba al 10% a los 12 meses de la sanción; y para el bioetanol en las naftas, será del 12%, pero con una suba del 15% al próximo año.

De todos modos, el nuevo marco regulatorio habilita a la Secretaría de Energía a modificar excepcionalmente los porcentajes por razones ambientales, sociales, económicas, de abastecimiento o de calidad. Aclara, además, que en las naftas se mantienen dos componentes de origen: 6% de bioetanol de caña de azúcar y 6% de maíz; y el porcentaje restante para alcanzar el corte obligatorio podrá provenir de distintas materias primas habilitadas.

Para el nuevo sistema de comercialización, se crea un mercado electrónico de subastas, donde los productores podrán ofertar volúmenes y precios, mientras que los mezcladores podrán presentar sus demandas. También, se establece un registro de productores, mezcladores y contratos; y los acuerdos de abastecimiento a término serán opcionales y de libre negociación entre las partes.

Respecto a las importaciones y exportaciones, esta nueva Ley de Biocombustibles deja abierta la posibilidad de importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias y cuando exista faltante de oferta. No obstante deja aclarado que los biocombustibles destinados al corte obligatorio deberán producirse en plantas argentinas y utilizar materias primas nacionales.

El proyecto establece un régimen transitorio hasta el 1 de enero de 2036, con un esquema de asignación de volúmenes que distingue entre empresas integradas (productoras con capacidad superior a 50.000 toneladas que forman parte de grupos económicos con fábricas de aceites vegetales y harinas proteicas) y no integradas (productoras con capacidad de hasta 50.000 toneladas anuales o que no forman parte de esos grupos económicos).

Por último, el texto fija cupos específicos para las empresas no integradas y aumenta progresivamente la porción del mercado sujeta a negociación libre: Para las empresas no integradas, la participación individual en el mercado de biodiésel queda limitada al 10% del volumen anual, con un máximo de 50.000 toneladas; y el 20% del volumen anual comercializado deberá destinarse a regiones geográficas de negociación para mejorar la competitividad y los costos logísticos.