Argentina expulsó a 14.000 extranjeros en seis meses por antecedentes penales e irregularidades migratorias

Resumen para apurados

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros durante los últimos seis meses. El anuncio fue realizado mediante un video difundido en sus redes sociales, donde la funcionaria vinculó la medida con la política oficial de seguridad y control migratorio.

Según precisó Monteoliva, las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales para ingresar al país o habían intentado hacerlo sin cumplir con la normativa vigente. La cifra se encuentra en línea con los reportes que el Ministerio de Seguridad venía difundiendo desde meses atrás.

Los números muestran además una aceleración respecto de los datos comunicados a comienzos de año. A fines de enero, la ministra había señalado que, entre diciembre y lo transcurrido de ese mes, casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados.

En aquel momento, Monteoliva calificó esos registros como un récord para los controles realizados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y atribuyó los resultados al refuerzo de los operativos de seguridad impulsados por la actual gestión.

En el video publicado recientemente, la funcionaria resumió la postura oficial con una frase contundente: "Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar".

La ministra encuadró las expulsiones dentro de una política de "orden migratorio y seguridad nacional", en línea con el discurso sostenido por el Gobierno desde el inicio de la administración.

De acuerdo con la información difundida, los 14.000 casos comprenden personas con antecedentes penales, ciudadanos sobre los que pesaban alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), individuos con impedimentos legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y extranjeros que intentaron cruzar las fronteras sin cumplir los requisitos migratorios.

En una publicación anterior realizada en la red social X, Monteoliva había expresado: "Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera".

Los controles no se limitaron a los pasos fronterizos. Durante los meses previos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina realizaron distintos operativos en el país.

Uno de ellos tuvo lugar en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí fueron identificadas 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó galerías, locales comerciales y puestos callejeros.

Para verificar la identidad de los presentes, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil de identificación rápida. La información obtenida fue contrastada con bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema SASI.

Como resultado, se detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. A todos ellos se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su condición.

El operativo también permitió detectar irregularidades en cuatro comercios de la feria. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas N° 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la comercialización de teléfonos bloqueados por el ENACOM por haber sido denunciados como robados.

Durante el procedimiento se secuestraron 70 teléfonos celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.

A raíz de estas actuaciones, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos, tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con los bienes incautados.

Monteoliva sostuvo que el objetivo de la política oficial es que "en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos".

Según las autoridades, la combinación de tecnología biométrica aplicada en operativos urbanos y el refuerzo de los controles en los principales puntos de ingreso al país permitió alcanzar las cifras registradas durante el último semestre.