Cisneros en la mira por otra propiedad en Tafí
La aparición de una propiedad en Tafí del Valle a nombre de Carlos Cisneros reabre el debate sobre su crecimiento patrimonial y suma presión sobre un mapa de bienes que ya venía cargado de sospechas.
Una casa en Tafí del Valle volvió a colocar a Carlos Cisneros en una posición incómoda. Según una investigación basada en registros inmobiliarios y declaraciones juradas, el dirigente bancario y diputado nacional compró en 2021 una propiedad de más de 3.200 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 307.
La operación habría sido realizada por $12 millones. El problema es el contexto: semanas antes, Cisneros había informado ante la Oficina Anticorrupción una liquidez sensiblemente menor. Esa diferencia entre lo declarado y lo pagado es uno de los puntos centrales de la nueva polémica.
La propiedad figura como un inmueble de recreo o veraneo y, en una declaración posterior, aparece como cedida gratuitamente, aunque sin identificar al beneficiario. Ese detalle agrega más preguntas sobre el uso real del bien y su administración.
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El hallazgo resulta relevante porque no se trata de una propiedad atribuida a terceros o al entorno familiar, sino de un inmueble registrado directamente a nombre de Cisneros. Por eso, la publicación lo presenta como una pieza clave dentro del rompecabezas patrimonial que se viene investigando.
El nombre de Cisneros ya había quedado asociado a otros bienes y sociedades de su círculo familiar. Entre los casos mencionados aparecen emprendimientos turísticos en Tafí, departamentos, sociedades comerciales y propiedades adquiridas por personas cercanas.
La nueva información refuerza la discusión sobre el crecimiento económico del dirigente. Según la investigación, sus declaraciones juradas mostrarían una suba patrimonial significativa entre 2019 y 2024, muy por encima de lo esperable para un perfil público que se presenta como trabajador bancario en uso de licencia sindical.
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En términos políticos, la aparición de la casa de Tafí golpea sobre un punto sensible: la coherencia entre el discurso público y la evolución patrimonial documentada.
Aunque deberán ser los organismos correspondientes los que determinen si hubo irregularidades, el caso ya suma un nuevo capítulo a la larga lista de preguntas que rodean a Cisneros y a su entorno.
