Campero apuntó contra Catalán y denunció un posible uso del Renaper para favorecer a Pelli

La interna libertaria y opositora en Tucumán sumó un nuevo frente de conflicto: Mariano Campero puso bajo la lupa al Renaper y denunció que el organismo podría haber sido utilizado para favorecer políticamente a Federico Pelli en su intento de competir por la intendencia de Yerba Buena.

El señalamiento apunta directamente a Lisandro Catalán, a quien Campero vincula con el funcionamiento del organismo durante distintos tramos de la gestión nacional. Según planteó el diputado, Pelli habría realizado dos cambios de domicilio en una misma semana, movimientos que resultan relevantes porque se produjeron mientras comenzaba a instalarse su candidatura para 2027.

"Pelli cambió dos veces de domicilio la misma semana en una oficina oficial de Renaper", denunció Campero, y sostuvo que la situación debe ser analizada a la luz de los requisitos electorales para competir por la intendencia.

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Para Campero, no se trata simplemente de un trámite administrativo. El dirigente sostiene que esos cambios podrían haber tenido una finalidad electoral: generar las condiciones registrales necesarias para que Pelli pudiera presentarse como candidato a intendente de Yerba Buena, pese a los cuestionamientos sobre dónde reside efectivamente.

"Hay un delito claro en el artículo 137 del Código Nacional Electoral, que habla de falso domicilio, y refiere a quien incorpora, pone o inscribe falso domicilio con intenciones electorales", afirmó el diputado.

Campero fue más allá y aseguró que el funcionario que habría intervenido en los cambios de domicilio de Pelli sería el mismo que, según su denuncia, habría facilitado la situación registral de Catalán.

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"Sería el mismo funcionario de Renaper que le habría dado también el domicilio al turista Catalán", sostuvo, en una acusación que vuelve a poner en discusión la residencia del dirigente libertario y su relación con Tucumán.

La acusación coloca al Renaper en el centro de una disputa política cada vez más áspera. La pregunta que instala Campero es concreta: si un organismo nacional fue utilizado para acomodar domicilios con el objetivo de facilitar candidaturas políticas.

El caso tiene además una dimensión electoral. La legislación tucumana establece requisitos de residencia para quienes aspiran a ocupar una intendencia, por lo que determinar dónde figura el domicilio de un candidato y desde cuándo puede resultar decisivo para validar una postulación.

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Campero advirtió que, si se comprobara que hubo una declaración de domicilio falso con fines electorales, podría configurarse un delito contemplado por el Código Nacional Electoral. En ese sentido, reclamó que la situación sea investigada y anticipó una postura firme frente al caso.

"Vamos a llegar a las últimas consecuencias", aseguró Campero al referirse a la situación de Pelli y a los movimientos de domicilio que cuestiona.